El problema es que el debate en torno al caso de Jorge Hank Rhon se ha centrado en la controvertida personalidad de este protagonista de la política y el mundo empresarial. La discusión tendría que ser, sin embargo, sobre la justicia.

Hank es un personaje fácil de odiar. Mucha gente ha exigido que se le castigue por los abusos y arrogancias de toda una vida, pero sin prestar atención a los méritos de los casos que se han presentado en su contra en estas últimas semanas.

En la acusación por acopio de armas no hay duda de que había en su casa decenas de armas sin permiso de portación y de uso exclusivo del ejército. La afirmación original de Hank, en el sentido de que las armas no eran suyas, resultaba difícil de aceptar. Los videos de seguridad de su casa demostraron que el ejército no había introducido armas a la casa. Pero señalaron también que las afirmaciones de que los soldados habían ingresado a la casa en un acto de flagrancia eran falsas.

Al final la juez novena de distrito, Blanca Parra, decidió que el ingreso en la residencia de Hank sin orden de cateo o de aprehensión había sido una violación a la ley y al artículo 14 de la Constitución que establece la obligación de la autoridad de contar con una orden judicial para ingresar sin permiso al domicilio de una persona. Por eso no consideró las armas halladas en la casa como prueba. La juez se ajustó estrictamente a la ley y a la jurisprudencia del sistema judicial mexicano. La prohibición a considerar como pruebas objetos hallados en un cateo ilegal, de hecho, existe en todos los países del mundo en que se respetan las garantías individuales.

A pesar del auto de libertad decretado por la juez, sin embargo, Hank no fue dejado en libertad sino que fue entregado a las autoridades estatales de Baja California que lo interrogaron por su posible participación en un homicidio, el de una joven que había sido pareja de uno de sus hijos. Si bien este homicidio se cometió hace años, la procuraduría afirma que un testigo protegido ha surgido ahora para decir que sabe que las instrucciones para este homicidio las dio Hank. Las pruebas, sin embargo, no convencieron a un juez que no concedió una orden de arraigo en contra de Hank.

Lo anterior no significa que la PGR no pueda apelar el fallo de la juez novena, ni que la procuraduría bajacaliforniana no pueda preparar un caso realmente convincente para consignar a Hank Rhon por el homicidio de su ex nuera. De hecho, todo parece indicar que hay un esfuerzo importante de los gobiernos panistas por encarcelar a Hank. Si no le encuentran un delito, seguramente hallarán otro. Al parecer el ex presidente municipal priísta de Tijuana tiene mucha cola que le pisen.

Pero hay una lección muy clara en la detención y posterior liberación de este político. Si los panistas lo quieren detener, tendrán que apegarse estrictamente a la ley, cosa que no hicieron en la acusación por acopio de armas.