Pesos y contrapesos
Sep 9, 2011
Arturo Damm

¿Lo dije en serio? ¡Claro que sí! (II)

Si dentro de un año, y a partir de las estadísticas, resulta que no se dio un aumento en la venta de libros, ¿las autoridades estarán dispuestas a derogar, por lo menos, el artículo 22 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro?

Si no queremos la redacción y la promulgación de leyes injustas, las acciones que la ley debe prohibir, y el gobierno castigar, son las delictivas por su propia naturaleza, aquellas que violan el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad y a la propiedad, lo cual nos permite calificar al artículo 22 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro - en el que se afirma que “el editor o importador fijará libremente el precio de venta al público, que regirá como precio único” -, como una ley injusta, ya que le prohíbe al librero fijar, para los libros que ofrece, el precio que considere más conveniente, convirtiendo tal fijación en una acción delictiva, siendo que, ¡por su propia naturaleza!, no lo es. ¿Qué tenemos? A los legisladores inventando delitos, momento de recordar lo dicho Othmar K. Amagi: “No hay mayor amenaza para la libertad individual y la propiedad privada que el gobierno inventando delitos”, es decir, definiendo como delictivas, y por lo tanto prohibiéndolas, actividades que, por su propia naturaleza, no lo son, como no lo es la fijación del precio del libro por el librero.

Ante las leyes injustas al ciudadano le surge la siguiente pregunta, que puede convertirse en un dilema moral, ¿qué hacer? Una primera respuesta es: luchar para que esa ley se derogue. ¿Y si la lucha no surte efecto y la ley sigue vigente? Entonces, ¿qué? Entonces una de dos: o el ciudadano se somete a una ley injusta, o la viola, violación que, al final de cuentas, no es otra cosa más que el triunfo de la libertad ante la arbitrariedad de prohibir, en el caso que nos ocupa, que el librero ofrezca sus libros al precio que considere más conveniente, todo lo cual forma parte de la libertad de comercio, reconocida y garantizada en el artículo 5 de la Constitución, en el que se señala que “a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”, y lícito es vender libros, venta que supone la libertad del librero para ofrecerlos al precio que considere conveniente, libertad del vendedor que tiene como contrapartida la libertad del comprador para decidir si compra o no a ese precio. Yo, como librero, ¿qué opción elijo? ¿La sumisión? ¿La rebelión? Ya lo dije: la rebelión, y a ver si la autoridad incurre en el ridículo de castigarme (¿qué será: regaño, multa, cárcel?) por ofrecer mis libros al precio que considere más conveniente.

Por último el siguiente comentario. El fin que se persigue con el precio único es el incremento de la venta de libros y, por ello, su consecuencia lógica: más mexicanos leyendo más. Si dentro de un año, y a partir de las estadísticas, resulta que no se dio un aumento en la venta de libros, ¿las autoridades estarán dispuestas a derogar, por lo menos, el artículo 22 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro?



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Los ciudadanos tienen el deber de mantener al gobierno, pero el gobierno no tiene el deber de mantener a los ciudadanos.

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