JUEVES, 15 DE MARZO DE 2012
Clouthier, candidato ciudadano

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“Si se viola una ley injusta lo único que se viola es esa ley, no algún derecho de alguien. Por el contrario, si se viola una ley justa se viola la ley y algún derecho de alguien.”
Othmar K. Amagi

Sergio Sarmiento







“Los partidos políticos hicieron una ley a la medida para asegurar que nadie les quitara el monopolio del poder.”


Manuel J. Clouthier ha decidido postularse como candidato ciudadano a la Presidencia de la República. Algunos consejeros han declarado en automático que el IFE no podrá darle el registro porque el Código Federal de Instituciones y Procedimientos, el Cofipe, les da a los partidos políticos el monopolio en la postulación de candidatos a cargos de elección popular.

Clouthier sabe lo que está haciendo. Es una virtual certeza que el IFE le negará el registro y que, al recurrir al Tribunal Electoral, éste ratificará la negativa. El Cofipe es tajante en la prohibición a los candidatos independientes. Los partidos políticos hicieron una ley a la medida para asegurar que nadie les quitara el monopolio del poder.

El argumento jurídico de Clouthier, sin embargo, pasará por el artículo 35 de la Constitución, que garantiza a los ciudadanos la posibilidad de contender por cargos de elección popular. Este derecho, sostendrán sus juristas, no puede ser abrogado por una ley inferior. Los defensores del sistema político argumentarán que el propio artículo 35 establece que los candidatos deben cumplir con los requisitos de ley, como tener una edad determinada y ser postulado por un partido político.

De lo que no hay duda es que el requisito de que los candidatos sean registrados por los partidos despoja a la enorme mayoría de los mexicanos de la posibilidad de aspirar a cargos de elección popular. La enorme mayoría de los mexicanos no somos parte de ningún partido y con el grado de desprestigio que éstos tienen muy pocos quieren ser parte de ellos.

La restricción que establece el Cofipe, de hecho, parece similar a las mil y una disposiciones que en el sur de los Estados Unidos impedían a los negros y a los latinos registrarse para votar hasta fines de la década de 1960.

Clouthier y sus abogados terminarán recurriendo a los tribunales internacionales. En particular es muy probable que presenten una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este tribunal ha fallado en contra de las prácticas mexicanas de derechos humanos de forma reiterada. Sin embargo, lo más probable es que la determinación final llegue mucho después de los comicios del 1ro de julio. Esto significa que, para todos los propósitos prácticos, Clouthier no será registrado y todos los votos que se ejerzan a su favor serán anulados. Los partidos políticos habrán conservado así el monopolio que les ha permitido tener un acceso sin competencia al botín de los cargos públicos.

Ya ha habido esfuerzos en nuestro país por eliminar la prohibición a las candidaturas no avaladas por partidos. Pero muchos políticos dicen que no tiene caso hacer este cambio porque, de todas maneras, los partidos, por su dinero y privilegios, seguirán acaparando todas victorias electorales. Ese mismo argumento, sin embargo, utilizaban quienes se negaban a registrar a los votantes negros en el sur de los Estados Unidos antes de las reformas a los derechos civiles de los años sesenta. Es triste que en México todavía estemos luchando por llevar a cabo una reforma similar que daría derechos no a una minoría discriminada sino a la mayoría de la población.

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