Supongamos que todas las mañanas, al salir de su casa, rumbo al trabajo, lo atajaran o Gustavo Madero Muñoz, presidente nacional del PAN; o Luis Castro Obregón, presidente nacional del PANAL; o Jesús Ortega Martínez, presidente nacional del PRD; o Pedro Joaquín Coldwell, presidente nacional del PRI, y pistola en mano le obligaran a entregarle parte del producto de su trabajo, con el fin de financiar las campañas electorales de los candidatos a los distintos puesto de elección popular, comenzando por la Presidencia de la República y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, hasta llegar a los gobernadores estatales, jefes delegacionales en el D.F. y legisladores, tanto citadinos, como estatales, como federales.

¿Cómo llamaría usted a esa acción, por la cual alguien le obliga, bajo amenaza, a entregar parte del producto de su trabajo? ¿Robo? Claro que sí, ¡ya que de eso se trataría! Me remito a la definición de robo que nos da el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española: “Delito que se comete apoderándose con ánimo de lucro de una cosa mueble ajena, empleándose violencia o intimidación sobre las personas, o fuerza en las cosas”. ¿Con qué fin le obligan a usted los presidentes de los partidos políticos a entregar parte del producto de su trabajo? Con el fin de financiar las campañas electorales de sus correligionarios, es decir, con ánimo de lucro. ¿Qué le obligan a entregar? Parte del producto de su trabajo, de su ingreso, es decir, cosa mueble ajena a ellos. ¿De qué manera le obligan a entregar parte de su ingreso, del producto de su trabajo? Bajo amenaza, es decir, empleándose violencia o intimidación. ¿Es correcto llamar a esa acción, por la cual alguien le obliga, bajo amenaza, a entregar parta del producto de su trabajo, robo? Sí, claro que sí. ¿No hay duda? No, no la hay.

Supongamos, para continuar, que el gobierno, en su calidad de recaudador, le obliga a usted, bajo amenaza, ¡como lo hace cada vez que le cobra impuestos!, a entregarle parte del producto de su trabajo, para destinar una parte de dicha parte, ¡como de hecho lo hace!, a financiar las campañas electorales de los distintos candidatos de los diferentes partidos políticos. ¿Existe alguna diferencia esencial entre lo que harían los presidentes de los partidos políticos si, pistola en mano, lo obligaran a usted a financiar las campañas electorales de sus representantes a los distintos puestos de elección popular, y lo que de hecho hace el gobierno al cobrarle impuestos para con parte de lo recaudado financiar dichas campañas? ¿Existen, más allá de las accidentales, diferencias esenciales entre estas dos conductas?

Se puede afirmar, como de hecho lo hacen muchos, que sí hay una diferencia esencial, consistente en que, en el primer caso, los presidentes de los partidos políticos actúan como viles ladrones, ¡no avalados por ninguna ley!, mientras que en el segundo caso quien actúa de tal manera es el gobierno, ¡primera diferencia esencial!, y además lo hace avalado por la ley, ¡segundo diferencia esencial!, de tal manera que sí hay, por lo menos, dos diferencias esenciales entre las dos conductas consideradas, diferencias esenciales que hacen toda la diferencia, de tal manera que se debe cuestionar la primera conducta, ¡pero por ningún motivo la segunda!

Lo primero que hay que tener en cuenta es que una acción no debe calificarse por la identidad del agente, sino por la naturaleza de la acción. Lo importante, para calificar la justicia o injusticia de una acción, no es quién la hace, sino qué se hace. Asesinar es injusto, secuestrar es injusto, robar es injusto, independientemente de que quien asesine, secuestre o robe sea la Madre Teresa de Calcuta o Jack el Destripador. El que sea el gobierno el que realice una acción no la hace, por esa sola razón, una acción justa.

Lo segundo que hay que considerar es que una acción no es correcta porque la misma esté permitida por una ley. Lo importante, para calificar la justicia o injusticia de una acción, es qué se hace, no cómo se hace, es decir, no si lo que se hace está o no permitido por la ley. La ley puede, ¡como de hecho sucede!, permitir actos injustos y prohibir conductas justas, y entonces tenemos leyes pervertidas, no habiendo mayor desgracia, para una sociedad, que la perversión de la ley, es decir, que el imperio del positivismo jurídico: es justo o injusto lo que la ley, y por lo tanto el legislador, dice que es justo o injusto. La verdad es otra: es justo lo que, por su propia naturaleza, es justo, y el legislador debe descubrir la justicia, no inventarla.

Tomando en cuenta lo dicho en los dos párrafos anteriores, vuelvo a la pregunta que los originó: ¿existen, más allá de las accidentales, diferencias esenciales entre la conducta de los presidentes de los partidos políticos, que bajo amenaza le obligan a entregar parta del producto de su trabajo para financiar las campañas electorales, y la conducta del gobierno, que bajo amenaza le obligan a entregar parta del producto de su trabajo para financiar las campañas electorales? Lo único que ha cambiado es que en la primera parte de la pregunta los actores son los presidentes de los partidos políticos y en la segunda el actor es el gobierno, de tal manera que cambia la identidad del agente, pero no la naturaleza de la acción, lo cual quiere decir que no hay diferencias esenciales: en ambos casos se trata de robo.

Si en ambos casos se trata de robo, ¿por qué la mayoría de la gente no tendría problema en aceptarlo si quienes robaran fueran los presidentes de los partidos políticos, pero no lo ven así cuando se trata del gobierno? Porque creen que, por tratarse del gobierno, y por estar permitido lo que el gobierno hace por una ley, sí hay una diferencia esencial, de tal manera que en el primer caso, con los presidentes de los partidos políticos como actores, sí se trata de robo, pero en el segundo, con los gobernantes como tales, no es el caso. ¡Cuidado cuando se empieza a justificar una acción, no por la naturaleza de la misma, sino por la identidad del agente, o por el hecho de estar permitida por una ley! Cuidado porque ese es el primer paso - mismo que en México dimos hace mucho tiempo -, hacia el robo legal, es decir, hacia el cobro de impuestos, no para que el gobierno garantice, para todos, la seguridad contra la delincuencia y la impartición de justicia, sino para que redistribuya de unos hacia otros, en este caso de los contribuyentes hacia los partidos políticos, y para que redistribuya, ¡el colmo de la desfachatez!, en función de los intereses, ¡comenzando por los pecuniarios!, de esos partidos. A quien da – el gobierno – y a quienes reciben – los partidos políticos -, ¿no les da vergüenza?

Sé que el tema (sobre todo para los presupuestívoros, entre quienes se encuentran, ¡de manera por demás conspicua!, los partidos políticos), es espinoso, pero lo dicho hasta aquí no es más que la punta del iceberg. Seguiré, en próximas entregas, analizándolo y comenzaré citando a Thomas Jefferson.