La semana pasada escribí sobre el peligro para las finanzas públicas que representa el implantar un sistema de retiro universal al estilo europeo, que hoy se hace añicos.

De acuerdo con la propuesta priista, es necesario hacer una reforma fiscal profunda. Lo preocupante es que dicha reforma no bastaría sólo con aumentar la base que se grava, sino incluso -así lo dejan ver las declaraciones de destacados priistas como Luis Videgaray-, la tasa impositiva de todos los impuestos que se cobran. Perdón, insisto, eso es darle aún más al traste a la competitividad de la economía mexicana, que lo requiere es que más paguen impuestos, pero a menores tasas de tributación.

Si acaso llegan a realizar un proyecto de retiro universal, a lo mucho alcanzaría sólo para decretar, por ejemplo, que todo jubilado después de los 65 años recibiera al menos un salario mínimo, lo cual es una cantidad nada digna para cualquier jubilado. En términos económicos, lo racional es que sean los propios particulares los que diseñen su propio estándar de vida y por supuesto de retiro, sobre todo a raíz del creciente nivel de gasto populista y clientelar de los gobiernos de todos los colores.

Creer que el Estado puede hacerlo mejor en materia de retiro, es ingenuo, arbitrario e inconsistente con la historia. El Estado es el que primero “chupa” y saquea las pensiones de los trabajadores (sólo recordar cómo el gobierno argentino expropió el dinero de las pensiones de los trabajadores para sufragar sus excesos fiscales, igualito, por cierto, habría hecho el peje para emprender sus locuras populistas). De ahí el tremendo fracaso de los sistemas de reparto que sólo funcionan cuando el número de jóvenes trabajando en activo supera con mucho el de los trabajadores retirados o jubilados.

A continuación expongo algunos datos que son públicos sobre el lastre que representan las pensiones (en distintos ordenes, ámbitos y dependencias del gobierno mexicano) para las finanzas públicas y por qué es inviable e indeseable cualquier sistema de retiro universal.

Recordemos que la deuda nacional total por pensiones ya rebasó el 100% del PIB, incluso, el pasivo actuarial, o presión financiera total a precios actuales llegó a 104% del PIB del 2010. Detallemos más.

De acuerdo con la Auditoría Federal de la Federación en el presente año el pasivo laboral de 28 universidades públicas ronda los 500 mil millones de pesos. Y así quieren construir más universidades públicas sin cuidar la calidad. Otra vez la apuesta estúpida: cobertura antes que calidad. En el país hay más de 105 planes pensionarios, de los cuales sólo cinco o seis están fondeados y ello no incluye los fondos de pensiones universitarios.

Vayamos con el lastre estatal de pensiones. Por razones de espacio sólo mencionamos algunos casos.

El Estado de México tiene suficiencia hasta 2016, por lo que sin reformas, tendrá que realizar aportaciones extras de 3 mil millones de pesos al año.

Baja California. Las reservas para jubilaciones magisteriales se acabaron en el 2012, por lo que tuvo que realizar aportaciones extraordinarias por 422 millones de pesos. Los recursos para pensiones de burócratas se agotarán en el 2018.

Chiapas. El periodo de suficiencia será hasta el 2014. Los pasivos por pensiones no fondeados ascienden a 60,300 millones de pesos.

Chihuahua. Las erogaciones por pensiones y jubilaciones son superiores a las aportaciones recibidas, por lo que realizó aportaciones extraordinarias por 1,397 millones de pesos en el 2010.

Colima. La entidad no cuenta con un sistema formal de aportaciones, por lo que hace frente al rubro con gasto corriente. En el 2010 erogó 277 millones de pesos.

Guerrero. El pasivo por pensiones no fondeadas ascendió a 43,900 millones de pesos.

Nayarit. Tiene un sistema de solvencia hasta el 2028, pero registró un pasivo por pensiones no fondeado de 10,000 millones de pesos en el 2010.

Oaxaca. Tiene un sistema de suficiencia hasta el 2014. Para ese año tendrá que realizar aportaciones extraordinarias por 100 millones de pesos.

Puebla. A partir del 2017 el estado tendrá que realizar aportaciones extraordinarias.

Tabasco. Se estima que tiene un periodo de suficiencia hasta el 2019.

Tamaulipas. Tiene un periodo de suficiencia hasta el 2019. Los pasivos por pensiones no fondeados son de 51,000 millones de pesos.

Veracruz. No tiene periodo de suficiencia, por lo que requiere de recursos extraordinarios por cerca de 1,000 millones de pesos este año.

Zacatecas. El estado enfrenta una obligación por pensiones no fondeadas de 18,000 millones de pesos.

Vamos a las paraestatales.

El pasivo laboral de las dos paraestatales más importantes del país, Pemex y CFE, tiene proporciones exorbitantes.

Al 31 de marzo (del presente año), de acuerdo con sus estados financieros (Pemex y CFE juntas), la deuda para cubrir los beneficios laborales de 247 mil 144 empleados activos (sindicalizados y de confianza) al momento del retiro así como salarios y prestaciones de 127 mil 749 pensionados y jubilados, supera los 100 mil millones de dólares (no pesos, dólares).

Al cierre de 2006, Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó un pasivo de 208 mil 730 millones de pesos. Para el 31 de marzo de este año el monto fue de 448 mil 102 millones de pesos, un alza de 114.6%.

La empresa reporta una plantilla de 123 mil 143 personas, entre empleados de confianza y sindicalizados. De ellos, 96 mil 992 son activos —incluye a temporales. En agosto de 2008, CFE y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) firmaron un convenio para adecuar su Plan de Pensiones para nuevos trabajadores, mediante cuentas individuales en donde el empleado dará desde su ingreso 5% de su salario base y la empresa 7.5% del salario. No obstante, el boquete financiero es gigantesco, por lo que cualquier intento de universalizar pensiones estaría condenado al desastre.

Pemex, por su parte, registra una plantilla de 241 mil 750 trabajadores, entre activos (150 mil 152 de confianza y sindicalizados) y 91 mil 598 jubilados. En 2006, el pasivo laboral en Pemex alcanzó los 454 mil 577 millones de pesos. Para el 31 de marzo de este año, el pasivo ronda los 845 mil 119 millones de pesos. En Pemex, a diferencia de CFE, no se han logrado acuerdos para el retiro de los futuros pensionados, por lo que la situación financiera es más que explosiva. En este terreno hasta el propio Videgaray ha reconocido que sin reforma al sistema de pensiones petrolero, simplemente es ridículo cualquier diseño de pensión universal. Yo sostengo que con o sin reformas el retiro debe basarse en incentivos, en cuentas individuales capitalizadas, no en un sistema estatal-universal gigantesco que terminaría por explotar en el tiempo.

Por razones de espacio, ya no toco el tema de la banca de desarrollo (lo haré en otra colaboración), pero sobra decir, también hay pasivos laborales por pensiones gigantescos. Lo mismo con la burocracia federal en general.

Y también, para otra ocasión dejamos el lado de lo inequitativa que son las pensiones en el gobierno, en especial cómo se sirven con la cuchara grande la banca de desarrollo y el sector energético.

Urge una seria reforma fiscal y de federalismo económico. Si los estados no le entran, las pensiones harán tarde o temprano crisis. Lo curioso es que son los estados priistas los que se niegan a renunciar a la opacidad en la asignación de recursos. Si no, no veríamos los escándalos al estilo Coahuila. Reformas serias en materia de gasto e ingreso es lo que urge, no tonterías populistas como lo de la pensión universal.

Los estatólatras critican a los liberales aduciendo que elogian el individualismo, el interés propio y el lucro, por encima de la colectividad, de la “solidaridad humana”. Eso es ridículo y lo único que demuestra es una profunda ignorancia en materia económica. Sin afán de lucro simplemente no habría pan y alimentos en la mesa de nadie.

Por ello, en materia de pensiones el asunto no es de ideologías, sólo de números. Ahí les dejo algunos datos duros al PRI para que no siga con sus propuestas superficiales en materia de pensiones.