LUNES, 19 DE NOVIEMBRE DE 2012
México, ¿hacia un precipicio fiscal?

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“Tarde o temprano se tendrán que aumentar impuestos y recortar gastos, por lo cual serán los contribuyentes, pagando más impuestos, o las clientelas presupuestarias, recibiendo menos bienes y servicios del gobierno, quienes pagarán los platos rotos.”


Últimamente hemos venido escuchando sobre el precipicio fiscal al que se aproximan los Estados Unidos, despeñadero que, en esencia, consiste en la llegada de la fecha límite para que el gobierno estadounidense tenga que aumentar impuestos y reducir gastos, todo ello consecuencia del aumento de gastos gubernamentales y reducción de impuestos que, en su momento, al inicio de la recesión del 2009, decretó el gobierno de Bush, con la intención de minimizar los efectos de la misma, reducción de impuestos y aumento del gasto gubernamental que tienen fecha de caducidad, 1 de enero del 2013, si el Congreso de aquel país no toma cartas en el asunto, toma de cartas que solamente puede significar una cosa: medidas para minimizar los efectos del problema sin resolver las causas del mismo o, dicho de otra manera, posponer para mañana la solución que debe tomarse hoy.

Ya veremos qué sucede en los Estados Unidos con el precipicio fiscal, pero tarde o temprano se tendrán que aumentar impuestos y recortar gastos, por lo cual serán los contribuyentes, pagando más impuestos, o las clientelas presupuestarias, recibiendo menos bienes y servicios del gobierno, quienes pagarán los platos rotos, esos que Bush, en su momento, no tomó en cuenta, omisión que se debió a que el entonces presidente, y los economistas que lo asesoraron, desoyeron la gran lección de economía que Henry Hazlitt expuso en su importante libro La economía en una lección: “El arte de la Economía consiste en considerar los efectos más remotos de cualquier acto o política y no solamente sus consecuencias inmediatas; en calcular los repercusiones de las políticas no sobre un grupo, sino sobre todos los sectores”, gran lección de economía de Hazlitt que parte de lo escrito por Federico Bastiat en su famoso panfleto Lo que se ve y lo que no se ve: “En el ámbito económico, un acto, un hábito, una institución, una ley, no producen sólo un efecto, sino una serie de efectos. De estos, únicamente el primero es inmediato, y dado que se manifiesta a la vez que la causa lo vemos. Los demás, como se desencadenan sucesivamente, no los vemos, razón por la cual habrá que preverlos. La diferencia –continúa Bastiat– entre un mal economista y uno bueno se reduce a que, mientras el primero se fija en el efecto visible, el segundo tiene en cuenta el efecto que se ve, pero también aquellos que es preciso prever. Esta diferencia –concluye Bastiat– es enorme, pues casi siempre ocurre que, cuando la consecuencia inmediata es favorable, las consecuencias ulteriores resultan funestas, y viceversa”, tal y como, por lo general, ha sucedido con las medidas de política fiscal y monetaria en buena parte del mundo, desde los Estados Unidos hasta Grecia.

Buen ejemplo de lo señalado por Bastiat y Hazlitt lo tenemos en la deuda del gobierno, que aparentemente tiene sus ventajas para todos: acreedores y deudores, gobernantes y gobernados. Pongo un ejemplo. Ustedes, gobernados, quieren contar, en la localidad donde viven, con una escuela del gobierno, y yo, gobernante, quiero quedar bien con ustedes, construyendo y echando a andar la mentada escuela, para lo cual lo primero que tengo que hacer es conseguir el dinero para financiar el proyecto. Una opción es que yo, gobernante, les pida a ustedes, gobernados, dinero prestado, de tal manera que yo me convierta en su deudor y ustedes en mis acreedores, lo cual, aparentemente, tiene ventajas para todos: para ustedes que, como gobernados, van a tener la escuela y que, como acreedores, van a recibir de vuelta el capital que prestaron más los intereses; para mí, como gobernante, que voy a quedar bien ante ustedes al haber construido y echado a andar la escuela, ¡sin haber tenido que aumentarles los impuestos para financiar todo ello!, y también como acreedor porque, muy probablemente, mi gobierno contrajo una deuda a un plazo tal que ya la tendrá que pagar otro gobierno. Lo dicho: financiar el gasto gubernamental con deuda, aparentemente, tiene ventajas para todos: gobernantes deudores y gobernados acreedores.

He escrito aparentemente porque no debemos olvidar la respuesta a la siguiente pregunta: y una vez que el gobierno, el que heredó la deuda contraída por algún gobierno anterior, tenga que pagar lo que se debe, entendiendo por ello desendeudarse, realmente desendeudarse, ¿de dónde sacará el dinero para hacerlo? Solamente hay tres opciones: 1) venta de activos (suponiendo que los tenga y que los pueda vender); 2) aumento de impuestos (y con la diferencia entre lo que cobraba y lo que cobra liquidar pasivos); 3) reducción de gastos (y con la diferencia entre lo que gastaba y lo que gasta pagar deuda). Al margen de la primera opción, el efecto práctico de la segunda y la tercera es un aumento de impuestos: en el primer caso el contribuyente paga más sin recibir más bienes y servicios, en el segundo paga lo mismo y recibe menos bienes y servicios. Al margen de la primera opción, a la larga la deuda gubernamental de hoy se convertirá en más impuestos mañana, salvo en el caso excepcional que confirma la regla: que la deuda contraída por el gobierno se invierta en proyectos productivos que generen ingresos con los cuales ir pagando lo que se debe, lo cual no es el caso si la deuda contraída se usa para financiar la construcción y puesta en marcha de una escuela del gobierno, con la gratuidad que la misma supone.

¿Por qué mencionar todo lo anterior? Por la evolución de la deuda del Gobierno Federal a lo largo de la administración de Calderón, evolución que, pese a todo lo que se ha dicho en torno al manejo (¿aparentemente?) prudente de las finanzas gubernamentales, resulta preocupante: en diciembre de 2006, primer mes del gobierno de Calderón, la deuda neta total, interna (denominada en pesos) más externa (denominada en dólares), del Gobierno Federal sumó $1,980,248,000,000, equivalentes al 18.4 por ciento del PIB de aquel año y al 126.9 por ciento de los ingresos del gobierno; en septiembre pasado, último mes para el que tenemos datos, dicha deuda sumó $4,162,447,000,000, equivalentes al 26.5 por ciento del PIB y al 226.9 por ciento de los ingresos del gobierno. Entre diciembre de 2006 y septiembre de 2012 la deuda neta total del Gobierno Federal aumentó, en términos nominales, 110.2 por ciento y, en términos reales, ya descontado el efecto inflacionario, 83.5 por ciento, todo lo cual apunta en la dirección equivocada: mayor endeudamiento que, al final de cuentas, cuando llegue el momento de tener que liquidar lo que se debe, y ese momento llegará cuando el gobierno ya no pueda pagar deuda vieja contrayendo deuda nueva, terminaremos pagando, o los contribuyentes, pagando más impuestos, o las clientelas presupuestarias, recibiendo menos bienes y servicios.

Cierto, al final de cuentas fueron los legisladores los que aprobaron ese endeudamiento, pero no lo es menos que fue el Ejecutivo el que lo solicitó. Dentro de seis años, al final del gobierno de Peña Nieto, ¿cuáles serán las cuentas en materia de deuda gubernamental? Muy probablemente, dado que financiar el gasto gubernamental con deuda, aparentemente, tiene ventajas para todos, las cuentas serán peores que las de hoy, al menos que los encargados de las finanzas gubernamentales le hagan caso a Bastiat y a Hazlitt, algo que yo considero muy poco probable. Así las cosas estaríamos encaminándonos, tal vez a paso lento, ¡pero seguro!, a un abismo fiscal.

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