Culpar a Calderón, como lo hacen muchos, por la muerte de gente inocente, consecuencia colateral de la lucha del gobierno contra el crimen, es producto o de la ignorancia o de la mala fe, sobre todo cuando, a la vista de tales muertes, se califica a Calderón de asesino, calificativo que, simple y sencillamente, no hace honor a la verdad y, en cambio, sí difama al presidente, consecuencia de la mala fe o de la ignorancia de quienes tales cosas afirman. No, esa, las muertes consecuencia de la lucha contra el crimen, no es la culpa de Calderón, como no la es de ningún gobernante.

¿Cuál es la tarea esencial de todo gobierno, entendiendo por esencial aquella a la que no puede renunciar sin dejar de serlo? Garantizar la seguridad contra la delincuencia o, dicho de otra manera, garantizar el respeto a los derechos naturales de la persona a la vida, la libertad individual y la propiedad privada, lo cual, en muchos casos, exige el uso de la fuerza, uso que puede tener, como de hecho los tiene, efectos colaterales negativos, como lo es la muerte de gente inocente. Ante esta realidad la pregunta es si el gobierno, con el fin de evitar esos efectos colaterales negativos, debe renunciar al cumplimiento de su deber, lo cual supondría renunciar a ser gobierno. ¿Debe? No.

Si la muerte de gente inocente ha sido consecuencia de la lucha del gobierno contra el crimen, y si esa lucha es la tarea esencial de cualquier gobierno, la que lo define como tal, la única que puede justificar su existencia y todo lo que ello supone, comenzando por el cobro de impuestos, ¿es correcto culpar al gobierno, en general, y al gobernante, en particular, de las mismas? Más allá de la definición que podamos dar de responsabilidad, ¿es Calderón responsable por las muertes de inocentes, resultado de la lucha contra los criminales? No.

Supongamos que en estos últimos seis años el gobierno no hubiera combatido al crimen, es decir, no hubiera garantizado el respeto a los derechos naturales de la persona, de tal manera que los criminales hubieran hecho de las suyas sin ninguna resistencia de parte del gobierno. ¿Cómo estaríamos calificando hoy, a unos días de su fin, al gobierno de Calderón? ¿Le estaríamos dando la mayor calificación posible o, por el contrario, le estaríamos recriminado por no haber cumplido con su tarea esencial: defender al ciudadano de la delincuencia? Si no hubiera cumplido con esa tarea, ¿le estaríamos aplaudiendo? No.

No, la culpa de Calderón no está en haber luchado contra el crimen, sino en haberle hecho el juego a quienes, de manera por demás arbitraria, y desde que Nixon, en el ya lejano 17 de junio de 1971, le declaró la guerra al consumo de drogas, cofunden el vicio con el crimen, siendo que ambos suponen conductas esencialmente distintas. El vicioso se hace daño a sí mismo, pero no daña a los demás, ni en sus vidas, ni en sus libertades, ni en sus propiedades; el delincuente sí daña a los demás, o en sus vidas (el asesino), o en sus libertades (el secuestrador), o en sus propiedades (el ladrón). El vicio es moralmente cuestionable, y nada más; el crimen debe ser prohibido legalmente y legalmente castigado. Los vicios no son actividades delictivas por su propia naturaleza, siendo tales las que violan los derechos naturales de la persona a la vida, la libertad individual, y la propiedad privada. Las únicas actividades que el gobierno debe prohibir y castigar son las delictivas por su propia naturaleza, siendo tal prohibición la única que justifica el ejercicio de la coacción, que es la esencia de la acción gubernamental, ejercicio que debe estar limitado a prohibir que unos dañen a otros y, de fallar la prohibición, a castigar a quien dañe a un tercero.

Todo gobierno puede llevar a cabo, en esencia, cuatro tareas: 1) prohibir que dañemos a los demás en su vida, su libertad y su propiedad, y, de dañarlos en cualquiera de esos tres derechos, castigarnos; 2) prohibir que nos hagamos daño a nosotros mismos y, de dañarnos, castigarnos; 3) obligarnos a hacerle el bien a los demás y, de no hacérselos, castigarnos; 4) obligarnos a hacernos el bien a nosotros mismos y, de no hacérnoslo, castigarnos. Dos tareas suponen una prohibición, relacionada con no hacer el mal; otras dos suponen una obligación, relacionada con hacer el bien; las cuatro suponen, en caso de incumplimiento, un castigo; todas suponen la coacción, es decir, la violencia ejercida sobre alguien para que haga, o no haga, algo. ¿En cuál de los cuatro casos se justifica la coacción gubernamental? Solamente en el primero, porque solamente en el primero se trata de delitos, es decir, de dañar a alguien más, o en su vida, o en su libertad, o en su propiedad, y solamente se justifica la coacción sobre la persona cuando el fin es evitar que ésta dañe a otra. El no hacernos daño a nosotros mismos, el hacerle el bien a los demás, y el hacernos el bien a nosotros mismos, debe ser decisión de cada quien, no imposición del gobierno, imposición a la que recurre cuando prohíbe el consumo de drogas, con el fin de evitar que nos hagamos daño a nosotros mismos, lo cual, por más buena que sea la intención, no deja de ser una violación a la libertad individual y a la propiedad privada que, dicho sea de paso, ocasiona un problema (el narcotráfico) mucho más graves que el que pretendía evitar (la drogadicción).

No, la culpa de Calderón no fue haber luchado contra el crimen, sino haberle hecho el juego, prácticamente a lo largo de todo su sexenio, a quienes, arbitrariamente, definen como delito la producción, intercambio y consumo de drogas, actividades moralmente cuestionables pero no delictivas por su propia naturaleza. No fue sino hasta el 26 de septiembre pasado, a poco más de dos meses del fin de su administración, cuando, en su visita a la ONU, Calderón apremió a revisar el “enfoque prohibicionista” en materia de consumo de drogas, prohibición que (esto lo digo yo) debe eliminarse para legalizar y reglamentar la producción, comercio y consumo de drogas, no como el mayor de los bienes, sino como el menor de los males, algo que la hace una mejor opción que la actual.

La libertad individual sólo debe limitarse cuando se usa para dañar a los demás, no cuando se usa para dañarse uno mismo. El gobierno tiene el derecho de ejercer coacción sobre la persona solamente para evitar que ésta dañe, en su vida, su libertad y su propiedad a alguien más.

Sí, luchar contra la delincuencia es la tarea esencial del gobierno, lucha que todo ciudadano debe exigirle. El problema ha sido, en primer lugar, que arbitrariamente se ha definido al consumo de drogas como delito, siendo que no pasa de ser un vicio y, en segundo término, que el gobierno mexicano le ha seguido el juego a quienes identifican un vicio con un delito. Esta –haberle hecho el juego a los prohibicionistas– fue la culpa de Calderón. ¿Irá a ser también la de Peña Nieto?