En días pasados el Senado de la República aprobó una nueva ley de fomento al libro y a la lectura cuya principal cartacterística es introducir el concepto de “precio único” para la venta de libros en México, sean éstos editados o no en el país. En abril esta iniciativa será analizada en la Cámara de Diputados.

Se argumenta que esta modalidad –en contraste con la de “precio recomendado” que sí permite al distribuidor hacer descuentos sacrificando márgenes de utilidad unitario o, incluso, vender un libro por debajo del costo como mercancía “gancho” que favorece la venta de otros- beneficiará a las pequeñas librerías, evitará el encarecimiento de los libros en localidades remotas o con pocas librerías y hasta propiciará la edición de obras de nuevos autores ya que las empresas editoras, merced a un margen de ganancia mayor en sus libros exitosos, prometen otorgar una especie de subsidio cruzado en beneficio de publicaciones “culturalmente valiosas” pero de poco éxito.

Sorprendentemente algunos autores más o menos prestigiados apoyan con entusiasmo esta iniciativa a pesar de que, analizada con objetividad y de acuerdo a principios elementales de economía de mercado, les resultará perjudicial en la mayoría de los casos. Conjeturo que han sido convencidos por algunas de las grandes casas editoriales en lengua española de las “bondades” del precio único o precio mínimo obligatorio.

No está por demás recordar que detrás de toda iniciativa de esta naturaleza –que atañe a distribución de rentas– suele estar el interés y que varias de esas mismas casas editoras han conseguido en España mantener este sistema restrictivo en los precios de los libros que tan buenas utilidades les ha dado desde que el régimen de Francisco Franco, fiel a su vocación de corporativismo y a sus prevenciones contra los riesgos de la libertad de elección, lo estableció. Cabe añadir que tanto en España como en México esas casas editoras han encontrado una rentable veta de negocios en la edición de libros de texto para escolares que son recomendados o autorizados previamente por el Ministerio de Educación allá o por la Secretaría de Educación Pública aquí.

Una pista de este “interés” podrá encontrarse en las empresas editoras del grupo español Prisa, últimamente muy activo en la política mexicana.

El precio único es una iniciativa retardataria que perjudica a los lectores y a los mismos autores, establece barreras de entrada en el mercado de los libros impresos e ignora las formidables potencialidades de abaratamiento de los libros que han creado las nuevas tecnologías. Más aún: parte de un concepto restringido de “libro” (reduciéndolo al de libro impreso) que la internet y otras tecnologías de almacenamiento y distribución de la información han revolucionado.

Seguiré con el asunto.