Ya tenemos reforma educativa (habrá que ver si la misma vendrá acompañada de la reforma de fondo del sindicalismo magisterial, cuyo fin debe ser garantizar el respeto a los derechos –¡que realmente lo sean!– de los maestros, no defender sus intereses, mucho menos cuando éstos se han identificado arbitrariamente con derechos), reforma educativa que en términos generales, al tener como meta educación de calidad para todos, apunta en la dirección correcta, pero con relación a la cual hay que preguntarse si realmente ataca los problemas de fondo –qué se enseña y cómo se enseña– que hoy impiden que millones de niños y jóvenes cuenten con una buena educación (afirmación que de entrada demanda definir qué debe entenderse por buena educación, habiendo probablemente tantas respuestas como personas dedicadas a la definición de la misma: buena educación).

Los tres grandes objetivos de la reforma son: 1) aumentar la calidad de la educación básica, 2) incrementar la matrícula y la calidad de la educación media superior y superior, y 3) recuperar la rectoría estatal del sistema educativo nacional, siendo incuestionables los dos primeros objetivos –más y mejor educación–, y debiéndose discutir seriamente el tercero –la rectoría estatal del sistema educativo nacional–, sobre todo en su calidad de medio para lograr el fin: educación de calidad para todos. La rectoría estatal –puntualizando: gubernamental– en materia educativa (y para todo efecto práctico en cualquier otra materia), ¿es lo más eficaz para lograr, no sólo más educación, sino mejor educación? Si hasta ahora no lo ha sido, y por ello la necesidad de la reforma, ¿qué nos garantiza que de hoy en adelante sí lo será?

¿De qué manera pretende el gobierno lograr los tres objetivos, sobre todo los dos primeros –aumentar la calidad de la educación básica e incrementar la matrícula y la calidad de la educación media superior y superior– y ante todo en la dimensión cualitativa: mejor educación?

En primer lugar se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa (más burocracia, dicho sea de paso), que deberá 1) inventar y efectuar mediciones a los componentes, procesos y resultados del sistema educativo, 2) emitir lineamientos para las autoridades educativas federales y locales, con el fin de que lleven a cabo las evaluaciones correspondientes, y 3) elaborar y divulgar información para la toma de decisiones destinadas a mejorar la calidad de la educación.

En segundo lugar se crea el Servicio Profesional Docente, con el fin de que el ingreso al servicio docente, así como la promoción a funciones directivas o de supervisión en la educación básica y media superior, se realicen mediante concursos de oposición.

En tercer lugar se crea el Sistema de Información y Gestión Educativa, del que se espera un censo de escuelas, maestros y alumnos con el fin de tener toda la información del sistema educativo.

En cuarto lugar se propone el fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas ante diferentes órganos de gobierno, con el fin de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos, y generar condiciones para la participación ordenada de padres de familia, maestros y alumnos en la solución de los problemas.

Por último, se establecerán escuelas de tiempo completo para que la jornada educativa sea de entre seis y ocho horas, y para que las instalaciones se aprovechen al máximo para el desarrollo académico, cultural y deportivo de los alumnos. En las escuelas que así lo requieran se impulsarán esquemas de suministro de alimentos nutritivos por micro empresas locales y se prohibirá la venta de alimentos que no cumplan con el objetivo de fortalecer la salud de los alumnos.

Sintetizando, la reforma educativa supone: 1) saber (dado que no se sabe, muestra de cómo andamos) cuántas escuelas, maestros y alumnos hay en el sistema educativo nacional; 2) que a los puestos magisteriales lleguen (dado que ahora no llegan, otra muestra de cómo andamos), por medio de concursos de oposición (¿queremos profesores competitivos?, ¡que compitan!) los mejores maestros y directivos; 3) evaluar (dado que ahora no se evalúa, otra muestra más de cómo andamos), los resultados del sistema educativo nacional, evaluación sin la cual no hay manera de corregir lo que está mal y de mejorar lo que está bien; 4) aumentar la jornada educativa, no debiendo pasar por alto que más que la cantidad de tiempo que se pase en las aulas lo que importa es la calidad de lo que se enseña en los salones de clases; 5) dotar de autonomía de gestión (¿cuánta?) a las escuelas, con el fin de que resuelvan, de manera eficaz, sin tener que esperar el visto bueno de las autoridades, los problemas que enfrenten.

Si tal es la síntesis de la reforma educativa, ¿cómo calificarla? Retomo lo ya escrito: el fin general –mejor educación para más gente– es indiscutible, debiendo cuestionarse si los medios propuestos son los eficaces para conseguirlo, comenzando por la recuperación de la rectoría estatal del sistema educativo nacional, todo lo cual forma parte de un proyecto de nación, ¿o no?, mismo que muchos, comenzando por los gobernantes, consideran indispensable para que la nación marche, proyecto de nación que supone, ¿o no?, un sistema educativo nacional o, dicho de otra manera, la rectoría estatal de la educación, algo que debe debatirse.

A quienes afirman que lo que necesitamos es un proyecto de nación, incluido en él un sistema educativo nacional (y por nacional hay que entender gubernamental), hay que señalarles que no, que no necesitamos un proyecto de nación, que por su propia naturaleza es totalitario (lo incluye todo) y absolutista (excluye cualquier otra opción), y que lo que necesitamos es una nación en la cual cada quien, sin violar los derechos de los demás, y sin ningún privilegio otorgado por el gobierno, pueda sacar adelante sus proyectos, siendo esto lo que va con el respeto a la libertad individual, la propiedad privada y la responsabilidad personal, los tres pilares de la convivencia civilizada. Proyectos de nación los tuvieron Stalin, Hitler, Mussolini y Mao, y los tienen Castro, Chávez y Kim Jong–un, proyectos de nación que resultaron ser los proyectos personales de los dictadores en turno, proyectos ante los cuales debemos preguntarnos por su común denominador, que no es otro más que el binomio ya citado: totalitarismo y absolutismo, absolutismo y totalitarismo que demandan, a manera de condición necesaria, un sistema educativo nacional, de tal manera que, en materia de educación, todos sean cortados, del mismo patrón, y con la misma tijera. Al respecto no hay que perder de vista que el tercer objetivo de la reforma educativa es recuperar la rectoría estatal del sistema educativo nacional, lo cual, si bien no quiere decir que sea el primer paso hacia un sistema totalitario y absolutista, sí es un elemento esencial de ese tipo de sistemas: todos cortados del mismo patrón y con la misma tijera.

Al margen del tema de la rectoría estatal en materia educativa, y aceptando que es indispensable saber cuántas escuelas, maestros y alumnos hay; que es necesario que a los puestos magisteriales lleguen, por medio de concursos de oposición, los mejores maestros y directivos; y que es imprescindible evaluar los resultados en materia educativa; que hay que darle autonomía de gestión a las escuelas, la pregunta es si la reforma supone elegir correctamente, uno, qué se debe enseñar y qué no y, dos, de qué manera debe enseñarse y de qué manera no, siendo estos dos puntos –¿qué enseñar y cómo enseñarlo?– más importantes que todos los anteriores juntos.

Este tema lo dejo para una próxima colaboración.