Una y otra vez, en las últimas semanas, el Gobierno Federal nos ha invitado a participar en las encuestas ciudadanas, realizadas por Internet, para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018, con el fin de cumplir con lo establecido en el artículo 26 constitucional, en el cual se apunta 1) que “el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación”; 2) que “los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación”; 3) que “la planeación será democrática”; 4) y que “mediante la participación de los diversos sectores sociales (se) recogerán las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo”, todo lo cual, clara reminiscencia comunista, resulta un despropósito mayúsculo que, afortunadamente, no pasa a mayores, ya que el resultado de todo ello no es un plan nacional de desarrollo, sino solamente el programa de trabajo del gobierno en turno, algo muy distinto, sobre todo para el efecto de hacer valer, ¡hasta donde el gobierno lo permite!, la libertad individual, la propiedad privada y la responsabilidad personal.

Un plan nacional de desarrollo resultaría un disparate superlativo porque, para empezar, todos tendríamos que sumarnos a sus metas, es decir, tendríamos que plegarnos a la voluntad del planificador, que sería alguien convencido de que lo que hace falta es un proyecto de nación, al cual todos, voluntaria o involuntariamente, tendríamos que sumarnos, lo cual limitaría, en el mejor de los casos, o eliminaría, en el peor, la libertad individual, la propiedad privada y la responsabilidad personal, haciendo del planificador un ingeniero social y de los ciudadanos piezas sobre el tablero del ajedrez. No, no necesitamos un proyecto de nación, sino una nación en la cual cada quien, respetando los derechos de los demás, y sin ningún privilegio del gobierno, pueda sacar adelante sus proyectos personales. Solamente así se respeta la libertad individual, la propiedad privada y la responsabilidad personal, responsabilidad, propiedad y libertad que deben respetarse, comenzando por el gobierno, respeto gubernamental que deja mucho que desear.

Llegados a este punto se puede afirmar que, precisamente para evitar la naturaleza dictatorial de un plan nacional de desarrollo, en el sentido estricto del término, es que se propone que el mismo se arme de manera democrática, mediante la participación de los diversos sectores sociales, y con la intención de recoger las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan, lo cual daría como resultado un plan nacional de desarrollo elaborado por todos, y en función de las aspiraciones y demandas de todos, lo cual eliminaría su naturaleza dictatorial, todo lo cual resulta imposible: no hay plan nacional de desarrollo que pueda ser elaborado por todos, ¡ni siquiera por la mayoría!, y no hay plan nacional de desarrollo que pueda recoger, ¡con la intención de atenderlas realmente!, las aspiraciones y demandas de todos, ¡sobre todo en el caso en el cual las solicitudes y pretensiones de unos se contrapongan a las exigencias y peticiones de otros (en tal caso, ¿a quién se la hace caso?)! El artículo 26 constitucional es demagogia pura.

Pero además de ser demagogia pura resulta contradictorio, ya que, después de afirmar que la planeación del desarrollo nacional será democrática, por lo cual hay que entender, tal y como la misma redacción del artículo 26 lo da a entender, con la participación de todos, se afirma que “los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación”. Entonces, si los objetivos de la planeación están dados por los fines del proyecto nacional, mismos que están contenidos en la Constitución, para qué preguntarle a la gente qué quiere, pregunta que es la esencia de la democracia, siendo que democrática deberá ser la planeación del desarrollo nacional. ¿Qué sucede si las demandas y aspiraciones de algunos son contrarias a los fines establecidos en la Constitución?

En caso de que le mentada contradicción no fuera suficiente, no pasemos por alto lo dicho en el artículo 25 constitucional, en el sentido de que “corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional”, momento de preguntar si dicho desarrollo será el resultado de la rectoría estatal (para todo efecto práctico gubernamental), o de la planeación democrática (que involucraría a los ciudadanos), pero sin olvidar que, como claramente se expresa en el artículo 26, los objetivos de dicha planeación ya están dados por la Constitución. Quienes redactaron tales incongruencias, ¡disparates ilógicos!, ¿no se dieron cuenta de lo que hacían?

Más allá de las contradicciones señaladas, es increíble que el gobierno le siga haciendo el juego a tal reminiscencia comunista, y si se cree que exagero con lo de comunista comparemos lo dicho en el artículo 25 de nuestra constitución, en el sentido de que el “Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad nacional”, sin lo cual un plan nacional de desarrollo, en el estricto sentido del término, no tiene sentido, con el artículo 16 de la constitución cubana, en el cual se apunta que “el Estado organiza, dirige y controla la actividad económica nacional conforme a un plan que garantice el desarrollo programado del país…”, transcribiendo del artículo 1 de dicha constitución, por si hubiera duda, que “Cuba es un Estado socialista…”, lo que en esta caso quiere decir comunista.

Lo bueno (de hecho lo menos malo) de todo este asunto es que el resultado de todo ello no es, en el sentido estricto del término, un plan nacional de desarrollo, al cual todos tendríamos que sumarnos, sino solamente el programa de trabajo del gobierno en turno, mismo que ya está delineado, al menos en sus puntos principales, desde antes, tal y como es el caso de la actual administración. Desde la campaña electoral Peña Nieto definió los cinco grandes objetivos de su gobierno: 1) México en paz; 2) México próspero; 3) México incluyente; 4) México con educación de calidad para todos; 5) México actor con responsabilidad global, cinco grandes objetivos en torno a los cuales se llevan a cabo las consultas ciudadanas para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, tal y como puede verse entrando a la página de Internet de la Presidencia de la República (vale la pena hacerlo para darse una idea de cómo se lleva a cabo la consulta ciudadana y qué es lo que se le pregunta al ciudadano).

Me queda claro que Peña Nieto y su equipo tienen una idea (que sea la correcta es otro asunto) de cómo lograr el México propuesto –pacífico, prospero, incluyente, educado y globalmente responsable–, lo cual me lleva  a preguntar por la utilidad de las consultas ciudadanas para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo. Yo, junto con otras 102 mil 309 personas, ya participé en la consulta y me pregunto si el gobierno le hará caso a mi propuesta a favor de menos impuestos, siendo esa propuesta mi aspiración más firme y mi demanda más enérgica, momento de recordar que en el Plan Nacional de Desarrollo se deben recoger las aspiraciones y demandas de la sociedad, de la cual yo formo parte, para incorporarlas al plan, lo cual me da derecho, ¿o no?, a que mi propuesta sea tomada en cuenta. ¿Lo será?