Continúo hoy con la crónica que he venido haciendo en las últimas semanas del libro de Peter Andreas que da su título a ésta columna, y que dejamos hace ocho días relatando cómo EU empezó a cerrar sus puertas a los inmigrantes a fines del siglo XIX, lo que trasladó el tráfico ilegal de personas a sus vecinos, Canadá y México.

Las primeras leyes expedidas para mantener fuera de EU a los “indeseables” por parte del gobierno federal se expiden para impedir la entrada de chinos, que fue la mano de obra mayoritaria para construir las vías para los ferrocarriles intercontinentales, después de la conquista de los territorios mexicanos del noroeste.

Para 1870 los chinos constituían el 10 por ciento de la población de California y la cuarta parte de su fuerza laboral, y empezó a crecer la presión política para atajar el “peligro amarillo” mediante leyes que vedaran la entrada de orientales, lo que obligó a que la aduana de EU ampliara sus facultades para impedir su ingreso.

Previsiblemente, conforme se fue dificultando el acceso directo de inmigrantes chinos a California, su tránsito se transfirió primero a Canadá, que les cobraba un impuesto y acto seguido se marchaban a EU, y luego a México cuando Canadá, bajo presión de sus vecinos del sur, también cerró sus puertas a la entrada de asiáticos.

El establecimiento de servicio regular de embarcaciones entre Hong Kong y Guaymas abrió las puertas a la inmigración china a nuestro país, la mayoría de los cuales en llegando tomaban el tren para el norte. A diferencia de Canadá, México rechazó la presión de EU de impedir la entrada a los “indeseables,” categoría que con el paso del tiempo se fue ampliando a otras nacionalidades y condiciones humanas.

Muchos de los inmigrados a nuestro país trataban de parecer mexicanos cuyo cruce a EU se veía no solo como un fenómeno natural y temporal, sino que había una gran demanda por sus servicios para trabajar en los campos agrícolas del suroeste de EU.

La prohibición a la fabricación y venta de bebidas alcohólicas entre 1920 y 1933 dio un enorme impulso a las actividades ilícitas y amplió el ámbito de acción del gobierno federal de forma inusitada, afectando “el pacto federal, el sistema de procuración de justicia, los juzgados, las libertades civiles y la federalización del combate al crimen.”

A diferencia de la prohibición al alcohol que fue temporal, la interdicción de un número creciente de drogas definidas como ilegales por el gobierno de EU dura ya más de un siglo, y a pesar del evidente fracaso en impedir su consumo no hay indicios que se vaya a dar marcha atrás pronto en su proscripción a nivel federal.

La prohibición a las drogas –heroína, cocaína, marihuana y un número creciente de substancias “sintéticas”- demandó ampliar las facultades del gobierno para perseguir el tráfico de “vicios” con leyes más estrictas y punitivas, lo que ha resultado en un gran negocio para los traficantes y en presupuestos gigantescos para las policías.

La guerra de EU contra las drogas enfocada a reducir su oferta sólo consiguió dispersar su tráfico y abrir nuevos caminos, como el de México al cerrarse Florida y el Caribe para la cocaína. La mayor diferencia entre esta situación hoy y en el pasado es la increíble violencia que se ha desatado en los países en la ruta de las drogas.

La tesis del autor es que el auge en la globalización de los tráficos ilícitos en lugar de representar un nuevo reto para EU, es la continuación de una vieja tradición que ubica sus orígenes en el nacimiento mismo del país y que desde entonces los contrabandistas han frustrado los controles gubernamentales de manera sistemática.

Desde un principio el combate a los contrabandistas llevó a expandir instituciones públicas para enfrentarlos y a la ampliación del ámbito de acción del gobierno federal en detrimento de las facultades soberanas de los estados de la unión, lo que genera tensiones hoy evidentes en la legalización de la marihuana en muchos de ellos.

La batalla para combatir el comercio ilícito debe priorizar concentrarse en aquello que no es legalizable, como el tráfico de personas contra su voluntad, al tiempo que se legaliza y regula con sensatez el intercambio voluntario de bienes y servicios que no afectan a terceros, como las drogas y la migración voluntaria, cuya prohibición ha resultado en terribles consecuencias como las que hemos sufrido en México.