Pesos y contrapesos
Nov 15, 2013
Arturo Damm

El engendro presupuestario (II)

Lo que se ve, año tras año, en el marco de la discusión del presupuesto, sobre todo de la parte del mismo que sí es reasignable por los legisladores, es el esfuerzo de los distintos grupos de presupuestívoros, ¡verdaderas clientelas presupuestarias!, para hacerse con una mayor parte de los recursos a repartir.

Está en marcha la discusión en torno al Presupuesto de Egresos de la Federación, presupuesto que muestra hasta dónde está metido el gobierno (hasta la cocina), lo cual explica hasta dónde tiene metida la mano en los bolsillos de los contribuyentes (hasta el fondo), sin que haya manera de frenar el afán de gasto del gobierno (de éste, de los pasados, y de los que vendrán), como si de ese gasto dependiera realmente un mayor progreso económico y un mayor bienestar social, siendo que todo ello depende, no de un mayor gasto gubernamental, ¡mucho menos si es redistributivo de la riqueza!, sino de más y mejores -¡más y mejores!- inversiones directas de los particulares, que son las que producen bienes y servicios, generan ingresos, y crean empleos.

Lo que se ve, año tras año, en el marco de la discusión del presupuesto, sobre todo de la parte del mismo que sí es reasignable por los legisladores, es el esfuerzo de los distintos grupos de presupuestívoros, ¡verdaderas clientelas presupuestarias!, para hacerse con una mayor parte de los recursos a repartir, como si fuera legítima tarea del gobierno repartir dinero entre dichos grupos, repartición de dinero que es posible gracias a la redistribución del ingreso, es decir, al hecho de que el gobierno le quita a A lo que es suyo para dárselo a B, a C, a D, o al grupo de presupuestívoros capaz de jalar más agua hacia su molino. Y eso, el intento de las clientelas presupuestarias por jalar más agua hacia su molino, es lo que año tras año vemos en el marco de la discusión del presupuesto, lo cual supone una doble redistribución. La primera: de los contribuyentes hacia el gobierno. La segunda: de un grupo de presupuestívoros hacia otro, de una clientela presupuestaria hacia otra. Estas dos redistribuciones muestran que el gobierno hace mucho más de lo que legítimamente le corresponde, siendo que cualquier redistribución resulta ilegítima, ¡sobre todo la primera!, porque supone quitarle a uno para darle a otro.

Entonces, si toda redistribución resulta ilegítima, ¿qué debe hacer el gobierno? Por el lado de los impuestos quitarles a todos lo mismo (por ejemplo: un impuesto único, homogéneo y universal a las compras) y, por el lado del gasto, darles lo mismo a todos, lo cual se logra si el gobierno se limita a garantizar la seguridad contra la delincuencia; a impartir justicia; a proveer los bienes y servicios públicos, que realmente sean públicos, y que realmente deban de ser provistos (ejemplo: alumbrado en las calles); ordenar la convivencia en los espacios públicos (ejemplo: instalar semáforos), todo lo cual, desde el momento en el que cualquier ciudadano tiene acceso a ello, no supone ningún tipo de redistribución, mucho menos si todo ello se financia cobrando el mismo impuesto a todos. En tal caso no hay redistribución, ni por el lado de los impuestos, ni por el del gasto.

Desde este punto de vista, ¿cómo calificar el gasto del gobierno? Como un engendro presupuestario, complemento del tributario.



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El problema, para los dictadores, es que no pueden eliminar la libertad del ser humano. Sólo pueden prohibir su ejercicio, prohibición a la que se opone, precisamente, la libertad.

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