VIERNES, 4 DE ABRIL DE 2014
Economía y paz

¿Ud. está de acuerdo en que el gobierno mexicano regale 100 millones de dólares a gobiernos centroamericanos para frenar la inmigración?
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“Incluso si la ausencia de gobierno realmente significara anarquía en un sentido negativo y desordenado, que está lejos de ser el caso, incluso entonces, ningún trastorno anárquico podría ser peor que la posición a la que el gobierno ha dirigido a la humanidad.”
Leon Tolstoy

Manuel Suárez Mier







“México se encuentra bien ubicado para atender sus actuales niveles de violencia y para construir una sociedad más pacífica con base en su relativamente sólida capacidad institucional.”


El martes pasado tuve la oportunidad de platicar largo con Steve Killelea, exitoso empresario australiano en el ámbito de tecnología de la información y fundador del Instituto para la Economía y la Paz (IEP) que ha emprendido la misión de evaluar los costos económicos que genera la violencia y cómo confrontarla con efectividad.

El IEP, institución de investigación sin fines de lucro, promueve un mejor entendimiento de los factores económicos y sociales que permiten desarrollar una comunidad más pacífica, y alcanza sus fines mediante la aplicación de innovadores marcos conceptuales para definir la paz, proporcionando mediciones para evaluarla y revelando los vínculos entre paz, sector empresarial y prosperidad.

El Instituto publicó su primer Índice Global de Paz en 2007, se actualiza anualmente y permite identificar a los países más pacíficos (Islandia, Dinamarca y Nueva Zelanda) y a los más violentos (Afganistán, Somalia y Siria). México se ubicó el año pasado en el lugar 133 de 162 países, con una caída de 44 sitios en los cinco años últimos, lo que mide la horrorosa inmersión en la violencia que sufre nuestro país.

La definición de paz del IEP es “la ausencia de violencia o del temor a la violencia,” y en el estudio que hizo sobre nuestro país[1] encontró que hubo ligeras mejorías en 2011 y 2012, de 1.4% y 6% respectivamente, por el descenso de 30% en el crimen organizado pero indica que no se sabe si representa un giro duradero en la tendencia.

Otro resultado del análisis mide la efectividad del sistema de justicia, que ha sufrido un grave deterioro en México, con hasta el 90% de los homicidios sin recibir ningún castigo en algunos estados, mientras que el promedio nacional cayó en 19%.

Otro reto grave que enfrentamos en nuestro país es la percepción generalizada de corrupción, en especial respecto a las fuerzas policiacas y los funcionarios públicos, con encuestas indicando que hasta un 90% de la población los considera corruptos.

El número de armas de fuego contrabandeadas a México ha amentado en forma espectacular: en el período 2010-12 era tres veces superior que en el lapso 1997-99. El índice que mide el número de crímenes que usan armas de fuego por cada 100 mil habitantes, creció en 119% en los diez últimos años.

Uno de los hallazgos más contraintuitivos de este estudio es que el indicador de la efectividad del sistema de administración de justicia que mide el nivel de crímenes impunes, se ha seguido deteriorando al elevarse 14%, aun cuando los indicadores referentes al crimen organizado y al crimen violento hayan registrado alguna mejoría.

Esto es indicativo de un sistema de administración de justicia abrumado, ineficiente y corrupto. Los estados que tienen las cárceles con los mayores niveles de sobrepoblación, tienen también la peor calificación en el indicador de eficacia para hacer justicia, lo que seguramente refleja su incapacidad de encarcelar a más reos.

El estudio del IEP calcula que los costos económicos de la violencia en México han sido de 335 mil millones de dólares, más del 25% del PIB, y que son 3,000 dólares por habitante, dinero que permitiría duplicar el gasto público en salud y educación.

Estos costos se disgregan en el impacto directo en el que incurre la autoridad con sus sistemas de justicia, policiales y carcelarios y para compensar el costo directo de la violencia, como la destrucción de activos. El segundo renglón es la productividad perdida por el crimen en el costo de oportunidad que representan sus muertos y heridos. Y la tercera es la inferior creación de empleos productivos en la economía.

Una contribución importante del análisis aludido, es su grado de desagregación a nivel estatal que permite apreciar que hay entidades muy seguras como Campeche, Hidalgo y Querétaro, y las más violentas: Morelos, Guerrero y Sinaloa. Los estados que más han empeorado son Durango, Coahuila y Nuevo León mientras que los que más has avanzado, para mi sorpresa, son Oaxaca, Chiapas y Yucatán.

La lectura de este magnífico trabajo nos debiera llenar de frustración y zozobra, salvo por la positiva conclusión a la que llega: “México se encuentra bien ubicado para atender sus actuales niveles de violencia y para construir una sociedad más pacífica con base en su relativamente sólida capacidad institucional,” que ha mejorado de manera notable en los últimos diez años, de acuerdo al Banco Mundial.

¡Ojalá podamos concretar lo más pronto posible este corolario al que llegan los expertos del IEP, institución con la que espero colaborar en el futuro!

• Inseguridad / Crimen

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