Hay dos cosas inevitables en la vida: la muerte y pagar impuestos. A nadie le gusta pagar impuestos, pero es parte del sacrificio que tenemos que hacer para vivir en sociedad, para convivir en un mundo civilizado. En una economía de mercado el gobierno tiene funciones legítimas que cumplir y para ello requiere de la contribución de los individuos que componen la sociedad, misma que se da a través del pago de impuestos.

Las funciones legítimas del gobierno en una economía de mercado son básicamente cuatro: ofrecer bienes públicos, corregir las externalidades, positivas y negativas, garantizar que los mercados operen en un contexto de competencia y, en casos muy particulares, actuar subsidiariamente, sea por cuestiones coyunturales o estructurales. Dentro de estas cuatro funciones la más importante es la de ofrecer bienes públicos y dentro de éstos, el más importante es, sin duda, la seguridad de los individuos y de su propiedad.

Para que en una economía los agentes económicos privados asignen los recursos que son de su propiedad hacia su uso más eficiente, es decir hacia aquél en el cual la rentabilidad esperada sea la mayor posible, es necesario que en el marco legal estén eficientemente definidos los derechos privados de propiedad y que además se garantice la libertad de utilizar esos recursos, mientras en el ejercicio de esta libertad no se atente en contra de los derechos de propiedad de terceros. De ahí que estén penados actos como el homicidio, la violación, el robo, el fraude, etcétera ya que este tipo de acciones son una violación de los derechos de terceros. Y es aquí, en donde entra la principal función del gobierno.

Si el gobierno no garantiza la seguridad de la propiedad privada, incluyendo la propia persona y sus posesiones, cada individuo tendría que destinar recursos de su propiedad para protegerse y tratar de evitar actos de terceros que lo dañen (“la ley del más fuerte”), lo cual es ineficiente desde un punto de vista social y de ahí que esté dispuesto a sacrificar una parte de su ingreso, pagando impuestos, para delegar la función de la protección al gobierno. Es ésta, la razón primaría de ser del gobierno: la protección y garantía de los derechos privados de propiedad y es esto lo que justifica a los impuestos.

Habiendo señalado lo anterior, es claro que en México estamos muy lejos de ese estado. Vivimos en un país en el cual el gobierno no está cumpliendo, ni de lejos, su principal función. Los hechos recientes en Iguala y los actos de vandalismo cometidos utilizando como pretexto la barbarie en contra de los normalistas de Ayotsinapa, como han sido los ataques a la propiedad privada y la destrucción de bienes gubernamentales, son solo un ejemplo de lo deteriorado que está el estado de derecho en México. Solo el año pasado se cometieron en el país 33 millones de delitos, de los cuales 97% lo hicieron con total y absoluta impunidad y en esta cifra no están contabilizados otros actos que también son delitos como los fraudes o actos de corrupción por parte de funcionarios públicos y hasta la ineficiencia en el ejercicio del gasto gubernamental.

El gobierno nos exige, aunque solo a algunos, cumplir con nuestras obligaciones tributarias, so pena de enfrentar multas o hasta la cárcel, pero a cambio de ello no nos está entregando a lo que está obligado. Dado que  pagamos impuestos, tenemos la obligación de exigirle al gobierno que haga bien su trabajo y nos provea de seguridad pública y jurídica.