¿Dónde queda la legitimidad de un gobierno que trata de manera desigual a los gobernados? ¿Qué decir de un gobierno que, por considerarlas eficaces para el logro de ciertos fines, aplica ciertas medidas, en determinados estados, pero no en otros? ¿Cómo calificar a un gobierno que, tratando de manera desigual a los gobernados, y aplicando medidas, consideradas eficaces, en ciertos estados pero no en otros, viola la Constitución?

Las tres preguntas le quedan, como anillo al dedo, al gobierno de Peña Nieto, quien, en su programa Acciones por el sur propuso, entre otras medidas, expedir un “decreto que le dará un trato fiscal diferenciado a los productores de estos estados (Chiapas, Guerrero y Oaxaca)”, con el fin de lograr, en esas entidades, un mayor progreso económico, trato fiscal diferenciado que supone, uno: que el gobierno trata de manera desigual a los gobernados, otorgando privilegios a unos a costa del perjuicio de otros; dos, que aplica, en ciertos estados de la república, medidas que considera eficaces para lograr mayor progreso económico y que, de manera por demás inexplicable, no las aplica en el resto; tres, que ese trato fiscal diferenciado viola lo que se establece en el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se afirma que entre las obligaciones de los mexicanos está la de “contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”, debiendo subrayar lo de proporcional y equitativa, y preguntar si ese trato fiscal diferenciado no supone exactamente lo contrario: algo desproporcionado e inequitativo. De ser así, y así es, entonces la propuesta de Peña Nieto a favor de ese trato fiscal diferenciado a favor de Chiapas, Guerreo y Oaxaca resulta anticonstitucional, por lo que la siguiente pregunta no resulta ociosa: ¿pasará? (No olvidemos que el pago de impuestos en México nunca ha sido, ni proporcional, ni equitativo, y muestra de ello, una entre muchas, es la tasa progresiva del ISR).

La propuesta de Peña Nieto parte del supuesto, ¡correcto!, de que condición necesaria para lograr mayor progreso económico es el cobro de menos impuestos, comenzando a los empresarios, inversionistas, y productores de bienes y servicios –es decir: creadores de riqueza– razón más que suficiente para que ese menor cobro no se limite a los tres estados elegidos, sino se haga extensivo al resto del país, y se haga a favor del Impuesto Único a la Compra de Bienes y Servicios de Consumo Final, tal y como lo he propuesto una y otra vez en estos Pesos y Contrapesos sin que, hasta el momento, alguien me haya hecho caso.