Después del discurso del presidente Peña, en donde presentó un decálogo de propuestas y acciones relacionadas con la legalidad así como acciones de carácter económico centradas en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, quedan muchas preguntas por responder.

Primero, el presidente enviará al Congreso una iniciativa de ley que le permita a las autoridades federales intervenir cuando haya evidencia del involucramiento del crimen organizado en las autoridades municipales. Peguntas: ¿qué garantiza que este poder no se utilizaría para castigar políticamente a municipios que no se alineen?; ¿qué sucedería si el crimen organizado está metido hasta la médula de gobiernos estatales como lo vimos en Michoacán, Tamaulipas y Quintana Roo?

Segundo, la propuesta de desaparecer los cuerpos policiacos municipales y sustituirlos por 32 policías estatales. Preguntas: ¿qué garantiza que estas policías estatales no sean cooptadas por el crimen organizado?; ¿qué se va a hacer con los miles de policías municipales porque, como lo hemos visto, cada vez que hay una “limpia” de cuerpos policiacos, la población tiembla de miedo?

Tercero, la maravillosa (sic) de poner en operación la línea telefónica 911 para denuncias. Pregunta: ¿es más fácil marcar 911 que 066? El problema no es la línea telefónica, es el temor de la población a denunciar, tal como se desprende de la Encuesta de Victimización. La gente no denuncia el 90% de los delitos porque no le ve sentido o, peor aún, teme ser extorsionada por policías y agentes del ministerio público. Y a propósito, ¿por qué el presidente no mencionó el desastre que es el sistema de procuración e impartición de justicia, principalmente la enorme corrupción que existe entre las policías ministeriales, los agentes del ministerio público y el personal de los juzgados, incluidos los mismos jueces? Es ahí en donde hay una verdadera podredumbre. ¿Por qué no mencionó el desastre que es el sistema penitenciario en el país?

Cuarto, su voluntad de, ahora sí, impulsar el Sistema Nacional Anticorrupción, a la cual el PRI se ha opuesto. Preguntas: ¿será un organismo autónomo o dependerá del Fiscal de la República?; ¿tendrá los suficientes dientes para perseguir y denunciar?; ¿por qué no puso como eje central el combate a la impunidad?

Quinto, ligado con lo anterior, su propuesta de que toda adquisición y contrato de obra pública federal esté en una página de internet. Preguntas: ¿qué garantiza que no habrá asignaciones a los cuates del funcionario público bajo este sistema que opera en México de capitalismo de compadrazgo?; ¿qué garantiza que no habrá pagos por fuera para obtener un contrato de proveeduría u obra pública?

Sexto, la creación de una cédula de identidad personal. Preguntas: ¿para qué sirve el CURP?; ¿sustituirá a todos los otros números que ahora tenemos: RFC, IMSS o ISSSTE, INAPAM, etcétera o será uno más?

Séptimo, la creación de Zonas Especiales de Desarrollo para Chiapas, Guerrero y Oaxaca, los estados más pobres del país. Preguntas: ¿por qué mezclar la búsqueda de legalidad con el combate a la pobreza?; ¿por qué no incluir otras regiones del país que también tienen un atraso significativo como la Huasteca y la Sierra Gorda de Puebla? Se anunció un programa de gasto por 2,200 millones de pesos en infraestructura, financiamiento a PyMES, crédito al campo y obras de pavimentación más tratamiento fiscal preferencial. Preguntas: ¿se sabe en qué proyectos?; ¿están evaluados?; ¿de dónde saldrán los recursos?

Éstas y muchas otras preguntas están en el aire. Habrá que ver cómo se van resolviendo para poder responder a la gran pregunta: ¿Y dónde está el Estado de Derecho?