VIERNES, 5 DE DICIEMBRE DE 2014
Cómo mejorar la gestión pública

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“Es necesario crear un sistema nacional de inversiones mediante el cual se le exige una estricta evaluación a cada proyecto de inversión en los que intervenga el gobierno, directa o indirectamente, desde su concepción hasta su ejecución.”


La comentocracia anda desatada destazando el decálogo ofrecido por el Presidente Enrique Peña Nieto en su discurso de la semana pasada, lo que era previsible dada la falta de acciones concretas e inmediatas y las evidentes omisiones de temas en los que la ciudadanía esperaba explicaciones contundentes.

Hay que distinguir, sin embargo, entre las críticas constructivas y las que lo hacen responsable de todo lo malo que pasa en el país, incluyendo la masacre de normalistas en Guerrero, caso en el que se le puede reprochar al gobierno haber actuado lento y comunicado mal, pero de ninguna manera atribuírsele su autoría.

Es indudable que grupos anti-sistémicos fraguan un golpe de estado, lo que el gobierno debe enfrentar con inteligencia, firmeza y una mucho mejor comunicación con la ciudadanía, virtudes que hasta el momento han brillado por su ausencia por lo que las autoridades deben hacer los cambios indispensables para allegárselas.

Con el ánimo de aportar una recomendación que me parece de la mayor utilidad y que ayudaría al gobierno a transparentar procesos y evitar corrupción entre contratistas de obra pública y funcionarios encargados de supervisarla, es crear una unidad de evaluación de proyectos con verdadero poder y autonomía como en Chile.

Por más que he buscado, no encontré la evaluación de proyectos tan importantes como el nuevo aeropuerto de la ciudad de México, el hoy pospuesto tren bala entre la capital y Querétaro y el acueducto que pretende llevar agua del rio Pánuco a Nuevo León, para citar solo los que más han estado de boca en boca.

La secretaría de Hacienda tiene una entidad en Banobras, el CEPEP (Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos), que evalúa  proyectos en los que participa ese banco de desarrollo financiando obras de inversión en todo el país, pero los grandes proyectos, como los antes citados, no pasan por allí.

Es necesario crear un sistema nacional de inversiones como el que se adoptó en Chile desde hace décadas con resultados espectaculares, mediante el cual se le exige una estricta evaluación a cada proyecto de inversión en los que intervenga el gobierno, directa o indirectamente, desde su concepción hasta su ejecución.

Primero, se diseñó la metodología para la evaluación social de proyectos de inversión que se habría de aplicar por igual a todos aquellos en los que interviniera el sector público, y se entrenó literalmente a miles de jóvenes economistas en esas técnicas de evaluación para tener el capital humano necesario en tal encomienda.

La evaluación sería requisito forzoso para que la subsecretaría de Egresos considere incluir el proyecto en el proceso presupuestario, con lo que se elimina el malgasto en elefantes blancos y obras desperdiciosas, como algunos afirman que son los trenes bala, en general, y el acueducto Pánuco-Linares, en particular.

Adoptar un sistema como el chileno constituiría un verdadero estímulo al crecimiento de la economía, que es una de las exigencias ciudadanas ante el estancamiento que sufre hoy México, pues depende no solo de la cantidad de la inversión pública y privada sino también de su calidad, que quedaría así garantizada.

Hay áreas de la economía en las que los precios de los bienes y servicios provistos no corresponden a los efectivos beneficios recibidos por la comunidad que los consume o utiliza, pues existen “externalidades” –efectos no anticipados que afectan a terceros-, que pueden ser positivas o negativas, y que hay que incluir en la evaluación.

Por tanto, la intervención del gobierno se justifica pues el sector privado por si solo, tomaría decisiones erradas al fijarse exclusivamente en los beneficios pecuniarios de los proyectos, y muchos de ellos con elevada rentabilidad social –que generan externalidades positivas- no se emprenderían.

Además de una mayor eficiencia en el proceso de inversión y de su positiva contribución al crecimiento económico, las implicaciones políticas de un sistema como el descrito resultan evidentes pues se desvinculan las decisiones de invertir del poder discrecional y arbitrario de los burócratas y sus amigos contratistas, pues ahora quedarían bajo la responsabilidad de un cuerpo técnico altamente calificado.

Adoptar un sistema como el descrito dotaría de seriedad al proceso de inversión pública y privada, restauraría la confianza en un gobierno ávido de elevar su credibilidad, y contribuiría a que el estado derecho en este importante ámbito de la actividad económica, fuera rehabilitado plenamente.

Y además, no hay que inventar el hilo negro, basta copiar lo que ya se hizo en Chile.

• Lecciones para México • Bienes públicos

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