¿Cómo fue que perdimos la libertad de enseñanza? ¿Cómo podemos recuperarla?

Desde principios del siglo XX apareció una ola estatista que secuestró la libertad de enseñar y educar a nuestros hijos. Era la ola socialista donde el Estado se ofrecía como el gran educador de la sociedad y bajo la oferta de “educación gratuita” nos convencieron para dejar en manos de instituciones del gobierno la formación de los niños, jóvenes y adultos.

Debido a esa ola socialista, desparecieron muchas escuelas privadas, las que sobrevivieron se les obligó a someterse a planes y programas oficiales diseñados en oficinas o ministerios del gobierno. En otros casos, de plano se prohibió la existencia de instituciones de enseñanza privada, como lo fue en la desaparecida URSS, Cuba, y en todos los países socialistas incluida la Alemania de Hitler.

Al quedar la educación en manos del Estado, desapareció la diversidad y se instauró el pensamiento único, el pensamiento que garantizaba estabilidad del sistema central y de los grupos gobernantes. En Corea del Norte, por ejemplo, todos deben hablar y pensar como el líder que los gobierna, la disidencia está prohibida, todas las escuelas y universidades son del Estado y, por supuesto, los mentores son pagados por el gobierno a quien deben lealtad, sumisión y obligación de enseñar únicamente lo que permite el líder Kim Jong Un; es el caso extremo de hoy día.

En otros países, el secuestro de la educación se da mediante hilos invisibles. Se autoriza la existencia de universidades “autónomas” pero que viven casi en su totalidad de los subsidios del Estado. El financiamiento estatal directo a las instituciones ha sido un mecanismo de fino control muy aplicado en países que no desean autoproclamarse como socialistas o comunistas pero que, sin embargo, los gobiernos buscan el control y dominio de la mente ciudadana. Difícilmente los mentores rechazan la idea de tener salario, prestaciones y jubilaciones, seguros y protegidos contra cualquier crisis económica. A cambio, se someten a la disciplina y órdenes del Estado y se desligan así de demanda educativa de los estudiantes, empresarios, comerciantes y de la sociedad misma, se transforman en soldados del Estado. La supuesta autonomía de las universidades queda en una caricatura inocua pues aunque las instituciones elaboren los planes y programas, cuidan de no contradecirse de quien reciben el financiamiento. Los alumnos tampoco rechazan la educación estatal pues sienten que “el Estado les regala” y terminan agradecidos y apoyando ese sistema burocrático.

Hoy, después de un siglo de experiencia educativa estatal, tenemos elementos suficientes para reconocer quién debe tener el derecho de enseñar y quién no. La primera conclusión es que no corresponde al Estado disfrutar de la libertad de enseñanza. No es esa burocracia llena de políticos y burócratas quienes deben tener el control de la educación. El hecho de que ese aparato burocrático viva del erario, es decir, de impuestos no los hace virtuosos ni les da la capacidad de tener lo mejor de la ciencia, ni los mejores métodos para formar bien a los alumnos. Aún con las mejores intenciones de un gobernante, se debe evitar que tenga el monopolio de la enseñanza pues lo más natural es que homogenice la enseñanza y el pensamiento. En realidad, debería estar prohibido que un gobierno tenga o construya escuelas y menos que determine lo que se debe enseñar.

Pero ya estamos aquí, llenos de escuelas y universidades de gobierno y cosechando una educación pobre, sesgada hacia el socialismo, con alumnos que se les ha cortado sus ansias de aprender, su actitud emprendedora, su vocación por tomar riesgos en la formación de empresas y negocios. ¿Cómo revertir este movimiento estatal tan destructivo para la sociedad?

La clave radica en evitar los subsidios directos a las escuelas y universidades. Esto se puede hacer cambiando los flujos financieros de tal suerte que en lugar de que el subsidio se dirija a las escuelas (oferta), mejor que se mande a la demanda, es decir, a los alumnos. Esta es la idea del Cheque Escolar. Lo importante es que la escuela sienta que vive de lo que pagan los alumnos, y no de lo que subsidia el gobierno. El efecto inmediato es que las escuelas pondrán a los alumnos en el centro de atención y se verán obligadas, aunque nadie se los ordene, a mejorar su calidad para atraer a más alumnos y con ello, más ingresos para sus profesores. Las escuelas entrarán en una sana competencia y podrá aumentar la oferta educativa por nuevos actores que quieran invertir en planteles educativos. Se acabarán las huelgas, paros, marchas y el ausentismo de los docentes. Por supuesto, el Estado deberá permitir que cada escuela tenga libertad de enseñanza para diseñar planes y programas de estudio para que puedan competir contra otras escuelas. Así podremos empezar a regresar la educación a la sociedad, de donde nunca debió haber salido. Y ésta es la primera gran reforma en el campo de la educación.