MARTES, 21 DE JUNIO DE 2016
El 32

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“Los legisladores optaron por la opacidad de los servidores públicos. Y además, sin darse cuenta, mataron la reforma energética.”


Habiendo violado la Constitución que establecía como fecha límite el 28 de mayo pasado, finalmente el Congreso de la Unión aprobó las siete leyes que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción. Un enorme avance en la materia, presionados por la sociedad ante la reticencia que habían mostrado los políticos para aprobarlas. Se crearon el Tribunal de Justicia Administrativa y la fiscalía anticorrupción y se le dan facultades a la Auditoría Superior de la Federación para auditar en tiempo real el ejercicio de recursos federales en cualquier nivel de gobierno.

Sin embargo, en la aprobación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los legisladores metieron "dos prietos en el arroz". El primero, en el artículo 29, la negativa a utilizar los formatos de la "3de3" para hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses, además de haber introducido una salvaguarda para no hacer públicas sus declaraciones si ello afectaba su "vida privada". Los legisladores optaron por la opacidad de los servidores públicos.

La segunda, lo que constituye una verdadera aberración, es como quedó redactado el artículo 32 de esta ley que establece los sujetos obligados para presentar sus tres declaraciones:

  1. Los servidores públicos;

  2. Cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con Entes públicos de la Federación, de las Entidades Federativas y los municipios;

  3. Las personas físicas que presten sus servicios o reciban recursos de las personas morales a que se refiere la fracción anterior.

Esto, claramente, es un sinsentido. Veamos.

  1. Todo servidor público, desde el presidente de la República hasta el empleado de más bajo nivel en cualquier municipio está obligado. Ello incluye gobernadores, legisladores federales y estatales, presidentes municipales, secretarios, jueces, y agentes del ministerio público, pero también a secretarias, choferes, maestros, policías, recolectores de basura, barrenderos, jardineros, etcétera. Un sinsentido.

  2. Cualquier persona física o moral que ejerza recursos públicos, no son solamente contratistas o proveedores del gobierno, sino también cualquiera que reciba algún tipo de apoyo gubernamental: becarios del CONACyT, profesores de universidades públicas, miembros del Sistema Nacional de Investigadores, beneficiarios de programas de SEDESOL, SAGARPA o INAPAM, PyMES que reciben apoyos de NAFINSA, BANCOMEXT,  etcétera. Otro sinsentido.

  3. Las personas físicas que presten sus servicios en las personas morales que tengan un contrato con el gobierno. Aquí los sujetos obligados a revelar su patrimonio, impuestos e intereses son, desde los accionistas de la empresa sea nacional o extranjera, hasta el empleado de menor nivel dentro de la empresa. Imaginen a un diputado que asiste a un restaurante y pide factura: desde el dueño del restaurante hasta el pinche de la cocina estaría obligado a revelar su "3de3". O, suponga que hay un contrato gubernamental para adquirir automóviles de una empresa transnacional: todos los accionistas y empleados mundiales de la empresa estarían obligados. ¡Ridículo!

¿Fue una venganza de los legisladores en contra del sector privado por apoyar el movimiento ciudadano en la cruzada anticorrupción? Posiblemente, pero de lo que no queda duda es que vuelve el sistema totalmente inoperante e inequitativo. Los funcionarios públicos mantienen la opacidad y obligan al sector privado a revelar la información. Más aún, con este artículo se desincentiva la inversión, principalmente la extranjera. Diputados y senadores, sin darse cuenta, mataron la reforma energética. Hicieron a México un país menos atractivo para invertir y el costo en términos de crecimiento perdido será enorme. ¡Una verdadera aberración!

• Política mexicana • Democracia mexicana • Corrupción

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