MIÉRCOLES, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016
El eslabón más débil

¿Usted cree que es una buena idea que sean Pemex y la Secretaría de Energía quienes construyan una refinería?
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“Si se viola una ley injusta lo único que se viola es esa ley, no algún derecho de alguien. Por el contrario, si se viola una ley justa se viola la ley y algún derecho de alguien.”
Othmar K. Amagi

Isaac Katz







“En México el poder judicial no está cumpliendo con su principal función: proteger los derechos privados de propiedad y garantizar el cumplimiento de los contratos. ¿Cuál es la solución?”


En el artículo de la semana pasada comenté el último informe anual del estado que guarda la libertad económica en el mundo, estudio elaborado por el Instituto Fraser y el Instituto Cato. De acuerdo a éste, México está en el lugar 88 de 159 países evaluados,  siendo calificados como medianamente libres. En este artículo quiero profundizar sobre un aspecto particular que está en el informe: el sistema judicial.

Como escribí en el artículo anterior, en una economía de mercado es esencial que en el marco legal estén eficientemente definidos los derechos privados de propiedad, pero además es indispensable la protección judicial de estos derechos por parte de un poder judicial independiente e imparcial que garantice el cumplimiento de los contratos.

El artículo 104, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que establece las competencias de los Tribunales de la Federación, señala: "De todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. A elección del actor y cuando solo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, los jueces y tribunales del orden común".

Resalté la última oración porque allí es donde se encuentra el eslabón más débil del arreglo institucional. Un poder judicial que no sea independiente de los otros órganos de gobierno (los poderes ejecutivo y legislativo) y que no sea imparcial en sus juicios, deriva en una asignación ineficiente de recursos y se constituye como un elemento que inhibe la inversión y por lo tanto el crecimiento. Por lo establecido en el artículo constitucional arriba citado, prácticamente todas las controversias derivadas del incumplimiento de contratos son atendidos por los jueces y tribunales del orden común, es decir, los poderes judiciales estatales.

¿Cuál es la evaluación para México en el estudio sobre la libertad económica en el mundo sobre este aspecto? En el tema "Sistema legal y derechos de propiedad", México se sitúa en el lugar 126 de los 159 países evaluados, con una calificación de 4.2/10. Por subíndices, el puntaje asignado fue: independencia judicial: 3.62; imparcialidad de los jueces: 3.43; protección de los derechos de propiedad: 5.00; integridad del sistema legal: 2.50; garantía judicial del cumplimiento de los contratos: 5.66.

La fotografía es muy clara: en México el poder judicial no está cumpliendo con su principal función: proteger los derechos privados de propiedad y garantizar el cumplimiento de los contratos. Los poderes judiciales estatales no son independientes ni imparciales, además de que en éstos impera una alta incidencia de corrupción.

El crecimiento económico de un país depende de muchas variables (estabilidad macroeconómica, el entorno internacional, la calidad y cantidad de infraestructura, etcétera), pero de entre todas, la más importante es que los agentes económicos privados tengan la garantía de que sus derechos de propiedad estarán garantizados y protegidos por un poder judicial independiente, imparcial, eficiente y expedito. De no ser así, el premio ex ante exigido para invertir será más alto, lo cual deriva en una menor inversión y en un menor crecimiento.

Los poderes judiciales estatales, en los cuales se dirimen las controversias por incumplimiento de contratos mercantiles son, sin duda, el eslabón más débil y es urgente atenderlo. La solución, modificar la Constitución y que sea obligatorio para los Tribunales de la Federación atender aquellos casos en donde exista el incumplimiento de contratos mercantiles, más aún cuando toda la legislación en la materia es de carácter federal.

• Libertad económica • Derechos de propiedad

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