MARTES, 1 DE NOVIEMBRE DE 2016
¿Quién vigila al vigilante? (II)

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“Las recomendaciones del CFI deberían ser vinculantes, es decir, obligatorias para las autoridades fiscales.”


Una de las principales preguntas de la teoría política es: ¿Quién vigila al vigilante? Históricamente, sobre todo desde la perspectiva del liberalismo clásico, la respuesta ha sido: separemos los poderes gubernamentales, de tal manera que uno sea el Ejecutivo, otro el Legislativo, y otro el Judicial, cada uno vigilando a los otros, lográndose un mecanismo de pesos y contrapesos, respuesta que se ha aplicado también a la cuestión fiscal.

En materia de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos el Ejecutivo, a través de la Secretaria de Hacienda, propone, y el Legislativo, por medio de las dos cámaras en el caso de la Ley de Ingresos, y solo de la de diputados en el caso del Presupuesto de Egresos, dispone, teniendo la facultad para modificar la propuesta del Ejecutivo. Este arreglo institucional, ¿ha garantizado el manejo prudente de las finanzas gubernamentales? No, y allí está la tendencia al desorden en las finanzas del gobierno, algo sobre lo que alertó el Fondo Monetario Internacional,  razón por la cual propuso, para México, la creación de un Consejo Fiscal Independiente, CFI, capaz de advertir sobre el manejo imprudente de las finanzas gubernamentales, y de señalar las posibles consecuencias de ello para la economía en su conjunto.

¿Cuál sería la principal ventaja de un CFI? Que sería un contrapeso, no gubernamental, porque no formaría parte de la organización del poder político, al poder del Ejecutivo para proponer, y al del Legislativo para disponer, en materia fiscal. Para que fuera un contrapeso eficaz, las recomendaciones del CFI, que siempre tendrían que ser a favor del manejo prudente de las finanzas gubernamentales, deberían ser vinculantes, es decir, obligatorias para las autoridades fiscales. De no ser así la eficacia del CFI dejaría mucho que desear, y no pasaría de ser un opinador más, poco eficaz para corregir excesos y defectos en materia fiscal.

En una verdadera democracia bastaría con la propuesta de la sociedad a favor de un CFI para que éste comenzara a operar. En México, ¿es el caso?

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