Vista desde la perspectiva de la política interna de los Estados Unidos la propuesta de George W. Bush respecto del “problema migratorio” tiene mucho sentido: Paga el tributo necesario para satisfacer los prejuicios fuertemente arraigados en algunos sectores de la sociedad estadounidense –el envío de la Guardia Nacional y hasta la construcción del famoso e inútil muro-, al tiempo que abre la puerta a una legalización parcial y controlada y reconoce, así sea veladamente, que Estados Unidos requiere del aporte de los migrantes, especialmente de los llamados “hispanos” y muy específicamente de los mexicanos.

Dicho en términos políticamente correctos: Se reconocen dos valores básicos de la sociedad estadounidense, ser un país de migrantes sustentado en la libertad y ser un país de leyes.

Pero si vamos un poco más allá de la retórica políticamente correcta, la solución de Bush es antieconómica –generará gastos multimillonarios a los contribuyentes- y miope: Pospone el problema, no lo resuelve.

En México, donde pagamos altísimos tributos a los prejuicios políticos e ideológicos (por ejemplo, prohibiendo la competencia en la generación de energía eléctrica o satanizando, sin ningún fundamento racional, el IVA generalizado), deberíamos entender bien lo que está haciendo Bush: Pagando altísimos costos con el dinero de los contribuyentes para satisfacer los prejuicios de influyentes grupos de esos mismos contribuyentes. En muchas ocasiones, muchas más de las que sería deseable, ese es el triste papel de la política: Cortejar prejuicios y mitos, alimentarlos con discursos y dinero público, alentarlos con opiniones cuidadosamente diseñadas para adular fanatismos fuertemente arraigados en algunos sectores de la sociedad.

Algunos cuantos, pocos pero lúcidos, lamentan por ejemplo que las campañas electorales sean tan ramplonas o que los políticos no se atrevan a decir lo que muchos sabemos, pero es políticamente incorrecto, por ejemplo en México decir que el monopolio petrolero es más un fardo que una ventaja; digamos, en Estados Unidos, admitir que los trabajadores migrantes aportan más, mucho más, al bienestar de Estados Unidos que lo que reciben de servicios públicos o de la seguridad social.

Nada se logra combatiendo prejuicios ajenos con prejuicios propios –fomentados para la rentabilidad política interna- como el prejuicio descabellado de exigir al gobierno de México ¡que someta -¿cómo?, cabría preguntar- al congreso de Estados Unidos!

Así como ningún candidato en México con deseos de ganar las elecciones se atreve a proponer la tan necesaria privatización-socialización de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro, ningún político estadounidense, deseoso de hacer carrera, propone la libre y absoluta movilidad laboral entre los socios del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica.

¡Qué pena!, porque la cuenta (los tributos que exigen los prejuicios para ser apaciguados) sale muy cara en ambos lados de la frontera.