John Locke escribió en la “Carta sobre la tolerancia”, publicada en 1685 lo siguiente:

“El Estado es, a mi parecer, una sociedad de hombres constituida para preservar y promover simplemente los bienes civiles.

Llamamos bienes civiles la vida, la libertad, la salud, la inmunidad del dolor, la posesión de cosas externas, tales como la tierra, el dinero, los enseres, etcétera.

El deber del magistrado civil consiste en asegurar, en buen estado, a todo el pueblo, tomado en su conjunto, y cada individuo en lo particular, la justa posesión de estas cosas correspondientes a su vida con leyes impuestas del mismo modo...
[...]

Toda la jurisdicción del magistrado se extiende únicamente a estos bienes civiles, y que todo el derecho y soberanía del poder civil está limitado y restringido al simple cuidado de promover estos bienes; y de que éstos no deben ni pueden, en manera alguna, extenderse a la salvación de las almas”.

Por su parte, Douglass North señaló en su libro “Instituciones, cambio institucional y desarrollo económico” que la actuación e interacción de los diferentes agentes económicos que participan en una sociedad están regidas por dos tipos de “reglas del juego”: las formales es decir las leyes y reglamentos y las informales, reglas de comportamiento socialmente aceptadas.

El 1 de diciembre próximo, Andrés Manuel López Obrador asumirá la titularidad del Poder Ejecutivo Federal y en el acto, frente al Congreso de la Unión, pronunciará las siguientes palabras establecidas en el artículo 87 constitucional:

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”.

La Constitución es muy clara; el papel del presidente es cumplir y hacer cumplir las leyes y todas ellas conciernen únicamente a los bienes civiles (tal como señaló Locke). En su actuación, mirando por el bien y la prosperidad de la Unión, el presidente tiene que poner especial atención a tres elementos centrales de los derechos privados de propiedad: a) el derecho a la posesión de bienes; b) el derecho a que cada quien sea libre de utilizar los bienes de su propiedad como más le plazca mientras en el ejercicio de tal libertad no se atente en contra de los derechos de terceros; y c) perseguir y penalizar todo acto, incluidos actos del propio gobierno, que atente en contra de los derechos de propiedad de terceros. Sin estos tres, la economía simplemente no prosperará y no se podrá alcanzar el objetivo de incrementar el nivel de bienestar de los individuos, de las familias.

López Obrador señaló que se elaborará una “constitución moral” porque en su opinión, además del bienestar material, también hay que buscar el “bienestar del alma”. Según él, ¿el pueblo mexicano es inmoral? ¿Desde el poder civil se nos dirá a los mexicanos qué es y qué no es moralmente aceptable y permitido? ¿Habrá “Comités de Salud Pública” y quien violente la mentada constitución será objeto del oprobio, juzgado y condenado en la plaza pública frente a multitudes enardecidas? Para los que no creemos que exista el alma, ¿seremos condenados como inmorales? Una “constitución moral” es permitir que el gobierno se entrometa en actos de la esfera privada que no le competen.

Señor López Obrador, usted fue elegido presidente de la Republica, no pastor de una iglesia. Como bien dijo Locke, su labor es cumplir con las reglas civiles, no salvar almas.