No hay manera de combinar justicia social y libertad económica, sobre todo si por justicia social entendemos la redistribución gubernamental del ingreso, y por libertad económica el reconocimiento pleno, la definición puntual y la garantía jurídica de la libertad individual para producir, ofrecer y vender; para demandar, comprar y consumir.

La redistribución gubernamental del ingreso implica que el gobierno le quita a Pedro lo que, por ser producto de su trabajo, es de Pedro, para darle a Juan lo que, por no ser producto de su trabajo, no es de Juan, todo ello partiendo de la creencia de que las necesidades insatisfechas de Juan le dan derecho a parte del ingreso de Pedro, y que el gobierno tiene la obligación de hacer valer ese derecho, para lo cual debe redistribuir el ingreso desde Pedro hacia Juan. El problema es que Juan no tiene ese derecho por lo que el gobierno no tiene esa obligación. Y, sin embargo, el gobierno la asume como si Juan lo tuviera.

La libertad económica implica respetar, en primer lugar, la libertad individual de los agentes económicos para producir, ofrecer y vender; para demandar, comprar y consumir, y, en segundo término, respetar la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder producir, ofrecer y vender, así como la propiedad privada sobre los ingresos indispensables para poder demandar, comprar y consumir.

Libertad y propiedad son dos caras de la misma moneda. La propiedad privada es la condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual. En la misma medida en la que se limita o elimina la propiedad se elimina o limita la segunda libertad. Si el gobierno prohíbe la propiedad privada de los medios de producción elimina la libertad individual para producir, ofrecer y vender. Si confisca, vía el cobro de impuestos, todo el ingreso de las personas, elimina la libertad para demandar, comprar y consumir.

El gobierno, en nombre de la justicia social, redistribuye el ingreso desde Pedro hacia Juan, limitando la propiedad privada de Pedro y, por ello mismo, dado que se trata de las dos caras de la misma moneda, también su libertad individual. Insisto: si limitas o prohíbes la propiedad privada limitas y prohíbes la libertad individual.

Justicia social y libertad económica son incompatibles, sin olvidar que si hay un sustantivo que pierde sustancia al adjetivarse ese es justicia, sobre todo si el adjetivo es social (sin olvidar distributiva y conmutativa). A la verdadera justicia no le viene bien ningún adjetivo. La verdadera justicia, o lo es sin adjetivos, o no lo es. De hecho, adjetivada, degenera en injusticia. El respeto a la libertad económica necesita de la justicia sin adjetivos, lo cual pasa por el respeto a la propiedad privada.

Muchos liberales no entienden la relación entre propiedad y libertad, y no se dan cuenta de que hoy, sobre todo en las democracias republicanas, de corte socialdemócrata, los principales atentados contra la libertad individual no se dan directamente contra ella sino indirectamente, por medio de los atentados contra la propiedad privada, perpetrados por la redistribución del ingreso, que ya es regla y no excepción, al grado de que hoy gobernar es sinónimo de redistribuir. Basta analizar los presupuestos de egresos de los gobiernos (en qué gastan y para qué gastan) para comprobarlo.

Termino citando a Walter Williams: “Le voy a dar mi definición de justicia social. Yo me quedo con lo que es producto de mi trabajo y usted se queda con lo que es producto del suyo. ¿No está de acuerdo? Entonces dígame, ¿qué porcentaje de lo que es mío le corresponde a usted y por qué?” Tomasi, ¿qué responderá?

Por ello, pongamos el punto sobre la i.