En todos lados hay dogmas; pero cuando éstos se dan en la academia, lugar donde imperan las exigencias de rigor, de visión crítica, de análisis serio y desinteresado, ello se vuelve fuente de preocupación. Uno de los dogmas favoritos de nuestra intelligentsia es la tesis que el “liberalismo” produce “efectos desintegradores inevitables” en la sociedad. Y, que por ello, es necesario elevar a nivel constitucional fundamental los derechos sociales, así como un determinado renglón de rectoría del estado.

Habría que definir el concepto de “liberalismo” que se trabaja en este dogma—y, en especial, si el tipo de sociedad abierta, de economía de mercado, tiene el respaldo en la infraestructura institucional que se requiere para garantizar las condiciones de prosperidad (sobre todo, derechos de propiedad bien definidos).

Es posible, incluso plausible, que las tesis liberales, al enfatizar la importancia del individuo, generen una cierta sensación de “desamparo moral,” un sentido de “qué pasará” ante un mundo lleno de riesgos, de incertidumbres, de cambio. La pregunta obligada, para los dogmas anti-liberales, es si ello justifica el romance de buenas intenciones detrás del marco constitucional vigente. La Nación, vía el Estado, vía el gobierno en turno (antes el PRI permanente) “otorga” garantías individuales—digamos, derechos, dádivas, permisos, concesiones, y otras prerrogativas. Si las “otorga,” también las puede “desotorgar.” Así se institucionaliza la superioridad del Estado sobre el individuo. Éste se define de acuerdo a lo que dicta y decide el Estado.

Un sentimiento similar se puede observar en el (ampliamente comentado) capítulo económico de la Constitución. El artículo 28 explícitamente prohíbe los monopolios en el país, este país lleno de monopolios; pero, por voluntad semántica, define la participación exclusiva del estado en sectores estratégicos como no monopólica. Además, este artículo deja en manos del Congreso la decisión de qué actividades califican como “estratégicas.” Si, como ahora en Venezuela, un buen día nuestros iluminados legisladores deciden que tal o cual actividad es “estratégica” (nos preguntamos, para un individuo, ¿acaso su propia actividad no es “estratégica?), ésta automáticamente (como en el chiste cubano) pasa a ser propiedad del Estado.

El artículo 25, quizá haciendo frente a la sensación de desamparo mencionada, nos ofrece la rectoría económica del Estado, y explícitamente dice que éste planeará, orientará y dirigirá “la actividad económica nacional.” ¿Es esta la solución a los supuestos “efectos desintegradores” de la libertad? ¿Que el gobierno actual, en la realidad práctica, se ocupe y preocupe de “toda la actividad económica nacional? ¿De las millones de decisiones que se dan, todos los días, sobre consumo, ahorro, inversión y producción?

Esa es, en sí, la fuente del despotismo—de la dictadura perfecta que vivimos por más de siete décadas, de la trampa de pensar que un senador, un presidente municipal, o un tecnócrata iluminado, por estar sentado en el trono correspondiente, tiene dominio sobre nuestra realidad. La vanidad de pensar que, por medio de una ley fundamental, de la construcción ex nihilo de la sociedad, por vía de leyes complejas para poder hacernos la vida más sencilla, es una causa principal del atraso que hemos vivido.

Independientemente de las soluciones a la sensación, real o irreal, de “desamparo” que pueda generar la idea de la libertad, la posición sensata, hasta humilde, sería enfatizar la necesidad de leyes sencillas para nuestro mundo complicado.