MIÉRCOLES, 13 DE JUNIO DE 2007
Un fallo revolucionario

¿Usted cree que la economía mexicana entrará en recesión en los próximos meses?
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“Incluso si la ausencia de gobierno realmente significara anarquía en un sentido negativo y desordenado, que está lejos de ser el caso, incluso entonces, ningún trastorno anárquico podría ser peor que la posición a la que el gobierno ha dirigido a la humanidad.”
Leon Tolstoy

Roberto Salinas







“Que viva este gran fallo revolucionario, por más que se sustenta en algunas premisas de la antigua revolución institucional.”


El fallo de la Suprema Corte sobre la inconstitucionalidad de varios artículos de la llamada Ley Televisa representa un momento revolucionario en la “ecología institucional” del país. Es revolucionario en varios sentidos, tanto positivos, como negativos. Empero, la señal es clara: ha surgido un claro contrapeso en nuestro régimen de jurisprudencia.

 

En su editorial al respecto de esta semana, Mary O’Grady, del Wall Street Journal, nos comparte: “hace dos décadas, la idea de que las elites mexicanas vieran sus privilegios revocados por una corte autónoma era inimaginable.” Por ello, nos dice, este fallo refleja un cambio revolucionario en la jurisprudencia mexicana.

 

De forma similar, el Economist Intelligence Unit señala que este fallo es una señal a favor del movimiento para impulsar mayores grados de competencia en sectores que son estratégicos para el crecimiento—digamos, energía, telefonía fija, cemento, tortillas, o la distribución de medicamentos. O, en forma más cautelosa, podemos inferir que controles monopólicos no serán tolerados en la forma impune, generalizada, que ha caracterizado el historial de discriminación jurídica que ha vivido la economía mexicana.

 

En este sentido, el fallo jurídico de los magistrados es bienvenido—es visto como un factor de aliento a las fuerzas en pro de la competencia. Por lo menos, es lo que éstas, y otras voces de opinión y análisis editorial, interpretan.

 

Sin embargo, los argumentos a favor del fallo no se sustentan en consideraciones formalmente de competencia, sino en la rectoría estatal sobre los medios de comunicación y su sustento en nuestro infame capítulo económico constitucional. Ello no conlleva razón para invalidar la conclusión, o sea el fallo, pero sí parece sugerir que los magistrados han inferido la conclusión correcta (mayor competencia en el mundo de comunicación digital) por las razones equivocadas (la pérdida de “planeación, dirección y orientación” sobre las comunicaciones).

 

El fallo nos argumenta, en forma explicita, que esta ley “va contra la equidad, y dificulta al Estado que cumpla su papel de la rectoría del espacio radioeléctrico”. Esto se puede interpretar en varias formas, pero parecería que hemos presenciado un momento de surrealismo extremo: un fallo modernizador, sustentado en una argumentación primitiva, literalmente del siglo pasado.

 

El gobierno, ciertamente, debe garantizar igualdad de oportunidad, acceso a todos los sectores económicos, sin favoritismo. La competencia digital, más que cualquier otra, es global—e incluso el desarrollo de contenidos y las tecnologías a futuro hará obsoleta esta suprema vanidad que podemos, a la Barteltt, saber más que todos los demás, por ello y con ello “planear, conducir y orientar” lo que podemos decir, lo que debemos trasmitir, y quienes deben hacerlo. En las palabras de otro reporte: “el gobierno debe de limitarse a vigilar que exista competencia en el sector, y no dictar quiénes, cuántos o qué tecnología utilizar en las telecomunicaciones.”

 

Ese es asunto mío, tuyo, nuestro. Aun así, que viva este gran fallo revolucionario, por más que se sustenta en algunas premisas de la antigua revolución institucional.

• Telecomunicaciones

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