VIERNES, 6 DE JULIO DE 2007
Falta de libertad y corrupción

¿Usted considera un triunfo para México el acuerdo al que llegó con Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles?
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“Incluso si la ausencia de gobierno realmente significara anarquía en un sentido negativo y desordenado, que está lejos de ser el caso, incluso entonces, ningún trastorno anárquico podría ser peor que la posición a la que el gobierno ha dirigido a la humanidad.”
Leon Tolstoy

Isaac Katz







“El no haber privilegiado la libertad de elección en mercados competitivos y por lo mismo transparentes, dio lugar a toda esta maraña de leyes y regulaciones ineficientes que se traducen en significativas barreras de entrada en los mercados y que permite, por lo mismo, que muchos funcionarios públicos actúen como chantajistas.”


El Secretario de la Función Pública, Germán Martínez, apuntó que en México hemos llegado a una situación donde prevalece una alta incidencia de corrupción, hecho que se refleja en una desventaja frente a otros países a la hora de atraer flujos de inversión extranjera y, consecuentemente, en menores niveles de desarrollo económico. De acuerdo al último índice de percepción de la corrupción que elabora Transparencia Internacional, la calificación de México es de 3.3 en una escala de 10, ocupando el lugar 70 de entre 163 países.

 

La definición de corrupción gubernamental establece que es la utilización del poder público para obtener un beneficio personal. Esta simple definición permite identificar con precisión las causas de la enorme incidencia de corrupción que nos aqueja. Primera, un notoriamente ineficiente y excesivo marco legal y regulatorio que le permite a diferentes funcionarios públicos en todos los niveles de gobierno actuar como rentistas a través del chantaje al cual sujetan a los agentes privados y que les permite apropiarse de una fracción de las utilidades que generan los proyectos de inversión privada. Segunda, la poca transparencia con la cual el gobierno, particularmente en los niveles estatal y municipal, asigna los contratos de obras públicas. Tercero, la poca transparencia con la cual diferentes organismos gubernamentales, tanto al nivel de los gobiernos centrales como en el sector paraestatal federal, estatal y municipal, se asignan los contratos de adquisiciones. Cuarto, la poca transparencia en los procesos judiciales, particularmente en los juzgados estatales en materia civil y mercantil. Quinto, la persistencia de prácticas comerciales proteccionistas. Sexto, el uso de una regulación ineficiente para obtener, además de rentas económicas, apoyo político como en el caso del D. F. y el gobierno perredista.

 

Las causas allí están, allí han estado por muchísimo tiempo y prácticamente nada se ha hecho al respecto. Desde hace muchos años nos vienen prometiendo que ahora sí el gobierno federal va a hacer un significativo esfuerzo para mejorar la regulación y nada. Esto se agrava porque al nivel de los gobiernos estatales y municipales la regulación  y el poder de chantaje son todavía mayores. En materia de obras públicas y contratos de adquisición, aunque al nivel federal sí ha habido un avance, esto no se da en los otros niveles de gobierno, incluyendo el sector paraestatal. Y nada se ha hecho en materia judicial.

 

Todo este arreglo institucional, opaco y sucio, se deriva en gran medida del histórico afán del gobierno de quitarnos la libertad de elegir y privilegiar, por el contrario, los intereses de grupos muy particulares como los burócratas, los contratistas de obras públicas, los proveedores del gobierno, sectores específicos de actividad económica junto con sus empresarios, etcétera. El no haber privilegiado la libertad de elección en mercados competitivos y por lo mismo transparentes, dio lugar a toda esta maraña de leyes y regulaciones ineficientes que se traducen en significativas barreras de entrada en los mercados y que permite, por lo mismo, que muchos funcionarios públicos actúen como chantajistas. Y el costo es enorme.


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