Dos mil ocho ha sido un año sangriento. La violencia hoy es una realidad cotidiana. Ya no sorprende a nadie escuchar que aparecieron cuerpos decapitados en la Marquesa, que hubo un tiroteo en las calles de Culiacán o que una colonia residencial se convierte en el escenario de una batalla campal.

Los costos de la guerra contra el narcotráfico son abrumadores. No hablo sólo en términos monetarios, sino en la degradación y la corrupción de las instituciones, la generalización de la violencia, el temor en la ciudadanía pero sobre todo en la perdida de vidas humanas. En 2008 el número de muertos en la guerra contra el narcotráfico supera los cinco mil.

Todo esto es la perversa consecuencia de negar un hecho fundamental: que cada quien es el dueño de su cuerpo. Prohibir las drogas supone negar esto, negar de facto el derecho a las personas sobre sus cuerpos para que sean los burócratas quienes se conviertan en los propietarios de nuestras vidas.

Evidentemente semejante prohibición supone un paternalismo inaceptable. Pero cuando está ocasionando miles y miles de víctimas, además de no ser aceptable se convierte en una política profundamente irresponsable y hasta criminal. La culpa no es del poder ejecutivo que está en su obligación de cumplir la ley y combatir a las mafias asesinas sino del legislativo que mantiene la prohibición sobre el consumo, producción y comercio de drogas.

Por ello es de celebrarse que algunos políticos comiencen a plantear la legalización. Hablo del Partido Socialdemócrata y del asambleísta perredista Víctor Hugo Círigo. Desafortunadamente el primero es un partido insignificante y el segundo no ha tardado en ser descalificado por sus compañeros. En el PRI están más preocupados promoviendo la pena de muerte (así sea con medios light) y al PAN le puede más su arraigado conservadurismo que cualquier inspiración liberal. Así, la posibilidad de una legalización en el corto o mediano plazo parece cancelada.

Sin embargo, no por ello debemos dejar de apoyar la apertura del debate sobre la legalización de todas las drogas. Las prohibiciones nunca han acabado con el problema. Mientras haya quien quiera consumir drogas, habrá quienes las ofrezcan. Del mismo modo que la ley seca en Estados Unidos no acabó con el consumo de bebidas alcohólicas y sólo aumentó el poder y la riqueza de personajes como Al Capone, la prohibición de drogas en México tampoco ha acabado con el consumo de drogas sino que ha dado un inmenso poder a organizaciones criminales. Estas mafias adulteran las drogas haciéndolas más peligrosas.

Además, los cárteles del narcotráfico obtienen un enorme poder económico producto de las rentas que otorga el mercado negro. Poder económico que se convierte en un poder político y militar capaz de poner contra las cuerdas al gobierno y al ejército mexicano. Legalizar las drogas eliminaría el poder económico de las mafias. Su reino del terror sería eliminado por una fuerza mucho más poderosa que las balas: la competencia.

Somos nosotros como individuos y desde nuestro libre albedrío quienes debemos rechazar el consumo de drogas. Los padres de familia y los educadores deben combatir el abuso de las drogas (alcohol y tabaco incluidos) en los jóvenes no desde la represión y la prohibición políticas, sino desde la educación y una cultura de la responsabilidad.