A los gobernantes, incluidos los legisladores, se les olvida que ellos fueron electos con un solo fin: proteger y promover el bienestar de los consumidores. En tal sentido, sus acciones de carácter legal y regulatorio tendrían que enfocarse a reducir sino es que de plano eliminar todas aquellas barreras que encarecen la entrada y salida de empresas de los mercados. Puesto en otros términos, su labor se debe dirigir a lograr que todos los mercados, sean estos de bienes, servicios o factores de la producción, operen en un contexto de competencia; su labor debe ser dotar a los consumidores de mayor libertad económica.

Es claro que cuando los mercados operan en un contexto de competencia, esto se traduce en que simultáneamente se maximiza el bienestar de los consumidores y de los productores. Es éste el arreglo institucional que permite, con el pleno ejercicio de la libertad para elegir, no solamente que cada agente económico maximice su nivel de bienestar sino también, es el que permite que simultáneamente se maximice el bienestar de la sociedad en su conjunto. Y es éste el que se traduce en un continuo y sostenido proceso de crecimiento económico.

Por el contrario, cuando existen significativas barreras de entrada y salida de los mercados, esto se traduce en que las empresas protegidas por la legislación y la regulación se apropien de rentas a costa del bienestar de los consumidores. A medida que los mercados se alejan de un esquema de competencia, los precios que enfrentan los consumidores tienden a ser más elevados, lo cual obviamente implica una reducción de su nivel de bienestar. Más aun, este tipo de barreras a la existencia de mercados competitivos tiende a inhibir la búsqueda por parte de las empresas de proceso que se traduzcan en una reducción de costos, aquellos procesos que incrementen la productividad factorial total, particularmente el cambio tecnológico. Además este tipo de barreras, al generar incentivos a la corrupción, desincentiva la inversión. En consecuencia, la existencia de barreras a la competencia se constituye como el principal elemento que inhibe el crecimiento económico sostenido y el desarrollo económico, inhibiendo por lo mismo los aumentos sostenidos en el bienestar de los consumidores.

En este sentido, muy poco se ha avanzado en materia legal y regulatoria para lograr una mayor competencia en los mercados, exceptuando quizás la reducción de aranceles que entró en vigor este año. Los agentes económicos privados seguimos enfrentando enormes barreras en diversos mercados y no parece que realmente exista la posibilidad de que éstas se reduzcan significativamente en el corto plazo, aun a pesar de la orden presidencial a sus secretarios de Estado para que eliminen toda aquella regulación federal que no tiene porqué existir, aunado a que la mayor parte de estas barreras son de carácter estatal y municipal y sobre las cuales el propio Presidente no tiene influencia.

Y así, mientras en el gobierno, particularmente en el Poder Legislativo y en los gobiernos locales, no cambie la filosofía que debe guiar sus actos, es decir proteger a los consumidores, México seguirá siendo una economía con bajo crecimiento económico y enormes pérdidas en el bienestar de los consumidores.