En los dos anteriores artículos he apuntado que uno de los problemas que enfrenta México es la debilidad de la clase media, hecho que se traduce en un mercado interno sin solidez y una alta dependencia, para efectos del crecimiento económico, de la demanda externa. Tres décadas sin crecimiento económico junto con la inestabilidad macroeconómica que hemos experimentado desde principios de la década de los setenta del siglo XX, prácticamente pulverizaron a la clase media que se había logrado construir en las dos décadas previas, lo que aunado a un arreglo institucional caracterizado por una desigualdad de oportunidades, generó además una notable polarización de la distribución de la riqueza y del ingreso. Así, el ingreso acumulado de los tres deciles más altos representa casi el 60% del ingreso nacional y solo el ingreso del décimo decil representa casi el 40% de ese ingreso nacional. Más aun, la distribución dentro del décimo decil es todavía más inequitativa que en los otros nueve deciles. México tiene una de las distribuciones de la riqueza más inequitativas del mundo. Un país no puede tener un crecimiento económico alto y sostenido cuando la demanda interna, particularmente la correspondiente al consumo privado de bienes duraderos se concentra en el 20% más rico de la población.

La solución no radica en redistribuir el ingreso, quitándoles recursos a los más ricos para dárselos a los de menores ingresos; eso termina destruyendo la economía y genera a la larga una distribución equitativa de la miseria. La solución se centra en que a medida que el ingreso de toda la población aumente, el de los menores ingresos aumente proporcionalmente más y para ello se requiere modificar el arreglo institucional vigente para construir uno que se caracterice por la igualdad de oportunidades de acceso a todos los mercados, no solamente de bienes y servicios, sino también de los factores de la producción.

Por su impacto destacan tres mercados. El primero es el de bienes y servicios en donde prevalecen las prácticas monopólicas, privadas y gubernamentales, ya que ellas afectan relativamente más a las familias de menores ingresos e impide, efectivamente, que generen una capacidad de ahorro y de consumo. Es imperativo atacar este problema.

El segundo es el mercado educativo. El sistema educativo nacional, dominado por el SNTE, ofrece un servicio de muy mala calidad. Esto implica que no solamente los egresados del sistema tendrán una menor productividad sino que además, tendrán menores oportunidades en el mercado laboral. Más aun, el diseño del sistema educativo, basado en la educación pública sin competencia y sin que los padres tengan libertad de elección, tiende a perpetuar la inequidad de la distribución de la riqueza. Obviamente, es necesaria una cirugía mayor, una en donde el gobierno garantice el acceso a la educación pero que sean los padres los que tengan la libertad de elección en un mercado en competencia.

El tercer mercado es el laboral. Lo que tenemos es uno regulado de manera ineficiente que lo hace ser sumamente rígido, que contiene un sesgo en contra de la mano de obra, en contra del cambio tecnológico, en contra del crecimiento de las empresas y en contra del aumento de la productividad. Sobra decir que es necesario un cambio profundo de esta legislación.

Atacar estos tres problemas derivaría en un mayor crecimiento sustentado en un mercado interno cada vez más grande y más sólido.