Pesos y contrapesos
Feb 3, 2014
Arturo Damm

La promesa del secretario, ¿suficiente?

Si por Acuerdo de Estabilidad Tributaria se entiende, nada más, la promesa del secretario de Hacienda de que en los próximos tres años no se cobrarán más impuestos, de poco servirá, ya que no elimina, ¡ni siquiera acota!, la discrecionalidad del gobierno a la hora de decidir qué impuestos cobrar, a qué tasas cobrarlos, y a quién cobrárselos.

La semana pasada comenté lo dicho por el secretario de Hacienda en el Foro Económico Mundial, en el sentido de que será en febrero cuando se dé a conocer el Acuerdo de Estabilidad Tributaria, cuyo objetivo será dar certidumbre jurídica a los contribuyentes, quienes padecen la total y absoluta discrecionalidad del gobierno al decidir qué impuestos cobrar, a qué tasas cobrarlos, y a quién cobrárselos, discrecionalidad que, entre otros efectos, le resta competitividad a la economía, por la simple y sencilla razón de que, consecuencia de la misma, ningún contribuyente, sea persona física o moral, sabe, a un plazo mayor de doce meses, qué impuestos y a qué tasas pagará, ya que todos los años, resultado de esa discrecionalidad, existe la posibilidad de misceláneas fiscales, lo cual hace de la mexicana una economía menos segura y menos confiable de la que debería ser. Y seguridad y confianza son la clave de la competitividad, y la competitividad es la clave para atraer más inversiones directas, y más inversiones directas son la clave de un mayor progreso económico. Por ello, ¡bienvenido el Acuerdo de Estabilidad Tributaria!

Retomando el tema resulta que, en la reunión plenaria de los senadores del PRI, el secretario de Hacienda les informó, entre otras cosas, que en los próximos tres años no habrá más impuestos, ni se modificarán las tasas de los que ya se cobran, lo cual, si le tomamos la palabra el secretario, nos brinda, a los contribuyentes, la seguridad de lo dicho: en 2014, 2015 y 2016 no se inventarán nuevos impuestos ni se cobrarán, a tasas más elevadas, los que ya se cobran, dicho de Videgaray que, necesariamente, plantea la siguiente pregunta: ¿y a partir del 2017?

Si por Acuerdo de Estabilidad Tributaria se entiende, nada más, la promesa (¿puede considerarse así, como una promesa?) del secretario de Hacienda de que en los próximos tres años no se cobrarán más impuestos, de poco servirá, ya que no elimina, ¡ni siquiera acota!, la discrecionalidad del gobierno a la hora de decidir qué impuestos cobrar, a qué tasas cobrarlos, y a quién cobrárselos. Es más, esa promesa es consecuencia de esa discrecionalidad, ¡la decisión del secretario!, pero no de una ley que reconozca plenamente, defina puntalmente y garantice jurídicamente el derecho de propiedad privada de los contribuyentes sobre sus ingresos, imponiendo un límite legal a la recaudación.

Cobrar impuestos supone obligar al contribuyente a entregarle al recaudador parte del producto de su trabajo, lo cual, si aceptamos que toda persona tiene derecho al producto íntegro de su trabajo, nos plantea la siguiente pregunta: ¿cómo justificarlo? Parte de la respuesta es: eliminando la discrecionalidad del gobierno a la hora de decidir qué impuestos cobrar, a qué tasas cobrarlos, y a quién cobrárselos, y hacerlo por medio de ordenamientos jurídicos, a partir de los cuales sepamos claramente los contribuyentes cuál es el límite del gobierno a la hora de obligarnos a entregarle parte del producto de nuestro trabajo. Y para ello la promesa de Videgaray es, indudablemente, insuficiente.



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