VIERNES, 28 DE FEBRERO DE 2014
Acuerdo de Certidumbre Tributaria: Una burla

El PIB en todo 2019 se contrajo -0.1%. Dado que la política económica de este gobierno no cambiará, ¿cuál es su pronóstico para 2020?
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“Por mucho que nos duela a los liberales, ninguna Constitución es garantía de la libertad.”
Carlos Rodríguez Braun


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“Después de mí, el diluvio.”


Ayer el secretario de Hacienda dio a conocer el Acuerdo de Certidumbre Tributaria, que consta de ocho puntos, el más importante de los cuales es el primero, por el cual el Gobierno Federal se compromete 1) a no proponer nuevos impuestos; 2) a no proponer aumento a las tasas de los que ya se cobran; 3) a no proponer modificaciones a los beneficios fiscales y exenciones tributarias ya existentes, todo ello hasta noviembre de 2018, último mes de la administración peñista, lo cual muestra que el acuerdo pretende ser, no una política de Estado, sino nada más una promesa del actual gobierno, cuya intención es brindar certidumbre a los contribuyentes, todo lo cual se propone bajo la óptica de “después de mí, el diluvio”, es decir: una vez que me aproveché de la discrecionalidad del gobierno para cobrar impuestos, presento un acuerdo para, por lo menos hasta noviembre de 2018, eliminarla, con la promesa de que no habrá, ni nuevos impuestos, ni mayores tasas, ni eliminación de privilegios tributarios, ¡todo ello a toro pasado!, y pasado en mi beneficio.

Hasta el pasado día 26, dado que el acuerdo entró en vigor ayer día 27, el principal problema tributario que enfrentamos los contribuyentes en México fue la total y absoluta discrecionalidad del gobierno (tanto por el lado del Poder Ejecutivo –que propone– como del Legislativo –que dispone–), a la hora de decidir qué impuestos cobrar, a qué tasa cobrarlos, y a quién cobrárselos, lo cual quiere decir, y lo padecimos una y otra vez (la última hace unos meses como consecuencia de la reforma fiscal Videgaray-Peña Nieto), que bastaba y sobraba que el Ejecutivo propusiera cobrar más impuestos, y que los legisladores lo aprobaran, para que los contribuyentes nos viéramos obligados a entregarle al recaudador una mayor parte del producto de nuestro trabajo, lo cual quería decir que el derecho de propiedad sobre nuestros ingresos no estaba, ni plenamente reconocido, ni puntualmente definido, ni jurídicamente garantizado (dicho sea de paso: el mentado acuerdo no basta para lograrlo), algo propio del Estado de chueco, no del Estado de Derecho, y de lo cual la actual administración se aprovechó en el 2013, y pongo un ejemplo: en 2013 el Gobierno Federal cobró seis tributos distintos por concepto de impuestos especiales sobre producción y servicios; en 2014 cobrará diez, lo cual significa un aumento, en el número de impuestos cobrados, ¡de un año para otro!, del 66.7 por ciento, consecuencia de esa total y absoluta discrecionalidad para cobrarlos, que ahora, y hasta noviembre de 2018, se elimina por decisión del Ejecutivo.

No deja de ser una burla el que, después de haberse aprovechado de esa total y absoluta discrecionalidad al cobrar impuestos, ahora, una vez conseguido su objetivo de cobrar más impuestos (habrá que ver si recaudan más), el Ejecutivo Federal se comprometa a no inventar nuevos impuestos, a no elevar las tasas de los que ya se cobran, y a no eliminar ningún privilegio tributario. Lo dicho: después de mí, el diluvio.

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