El Econoclasta
Mar 4, 2014
Isaac Katz

Certidumbre tributaria

El Acuerdo puede ser bienvenido. Sin embargo, hay otra condición que tiene que cumplirse: las reglas formales del juego tienen que ser eficientes para lograr el objetivo deseado y eso, precisamente, es lo que no hay en el diseño de nuestro sistema tributario.

La semana pasada el gobierno anunció el Acuerdo de Certidumbre Tributaria bajo el cual éste se compromete, como punto central, a no proponer al Congreso, hasta el 30 de noviembre de 2018, ni nuevos impuestos, ni aumentar las tasas de los ya existentes (excepto si se presenta “algún evento macroeconómico sustancial” que haga inevitable realizar ajustes al marco tributario), así como tampoco modificar los beneficios fiscales y las exenciones. Hay además otros puntos como combatir la evasión fiscal, darle mayor eficiencia y transparencia al gasto público, un nuevo régimen fiscal para el sector energético y mantener una trayectoria descendiente del déficit público (sin haber aún definido las características y reglas del “balance fiscal estructural”).

Tener certidumbre de las reglas del juego es esencial para que una economía se desarrolle. En un mundo de por sí incierto, el que las reglas formales del juego, es decir aquellas que están en el marco legal no varíen continuamente, genera entre los agentes económicos cierto grado de certidumbre que los puede inducir a alcanzar una eficiente asignación de recursos y potenciar el desarrollo económico. En este sentido el Acuerdo es bienvenido. Sin embargo, hay otra condición que tiene que cumplirse: las reglas formales del juego tienen que ser eficientes para lograr el objetivo deseado y eso, precisamente, es lo que no hay en el diseño de nuestro sistema tributario.

Las modificaciones que se hicieron al régimen tributario obviamente tienen algunos elementos correctos como por ejemplo la homologación del IVA en las fronteras con la vigente en el resto del país y el impuesto al carbono, pero visto globalmente, el diseño tributario actual es puramente extractivo y los incentivos que de éste se derivan no están alineados con los objetivos de mayor trabajo, mayor ahorro y mayor inversión para que derive todo ello en mayor crecimiento económico. Las reformas lo único que logran es hacer aún más obeso al de por sí ya obeso y muy opaco sector público.

De entre las muchas críticas que se pueden hacer al nuevo diseño tributario como son el incremento en las tasas marginales del ISR para personas físicas (que desincentiva el trabajo y ahorro), el impuesto a los dividendos (que lleva la tasa efectiva del ISR para personas morales al 43%), el impuesto a las bebidas azucaradas y la comida “chatarra”, sin tener un estimado de las elasticidades precio de demanda por estos bienes, la reducción en la deducibilidad de la base gravable del ISR de las prestaciones sociales que otorgan las empresas a sus empleados y más, la que es la mayor crítica es no haber homogeneizado el IVA (exceptuando, quizás, una canasta básica). Desde el punto de vista recaudatorio y de incentivos correctos, el impuesto más eficiente es un gravamen al consumo. No se hizo por lo que la base gravable no se incrementó y, por lo mismo, se le cargó la mano a los contribuyentes de siempre, los ya cautivos.

Y quedan, finalmente, algunas preguntas. Más del 30% de los ingresos totales del sector público provienen de PEMEX. Con las reformas que se harán al régimen tributario del sector energético para darle trato a PEMEX como empresa y generar el régimen adecuado para atraer flujos de inversión privada tanto nacional como extranjera al sector de hidrocarburos, ¿cómo cubriría el gobierno federal la pérdida de ingresos sin modificar el régimen tributario general? ¿Una mayor renta petrolera derivada de mayor inversión sería suficiente? ¿Ya tiene Hacienda algún estimado? ¿Cómo le haría el gobierno, en consecuencia, para reducir el déficit fiscal? Son solo algunas dudas.



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