Pesos y contrapesos
Mar 5, 2014
Arturo Damm

Gasto transparente, ¿es posible?

Lo mínimo que debemos exigir los contribuyentes es que el gobierno gaste el dinero, que nos obligó a entregarle, de manera honesta y eficaz.

Cobrar impuestos significa que el recaudador obliga al contribuyente, bajo amenaza de castigo, a entregarle parte del producto de su trabajo, lo cual embona perfectamente bien con la definición de robo. Robar, nos dice el diccionario, consiste en “quitar o tomar para sí con violencia o con fuerza lo ajeno”, y en eso consiste cobrar impuestos, sobre todo con fines redistributivos[1]: cuando el gobierno le quita a A, lo que es de A, para darle a B, lo que no es de B, no debiendo pasar por alto que hoy gobernar se ha vuelto sinónimo de redistribuir, y basta analizar el Presupuesto de Egresos de la Federación para comprobarlo.

Al margen de lo anterior, lo mínimo -¡mínimo!- que debemos exigir los contribuyentes es que el gobierno gaste el dinero, que nos obligó a entregarle, de manera honesta (que el dinero llegue a donde se dijo que llegaría) y eficaz (que realmente se logre con ese gasto el fin que se propuso), honestidad y eficacia que los contribuyentes, en particular, y todos los ciudadanos, en general, deberíamos poder verificar de la A a la Z. Es lo menos -¡lo menos!- que el gobierno nos debe.

Lo anterior viene a cuento porque una y otra vez se señala la opacidad con la que, en muchos casos, se ejerce el gasto gubernamental, opacidad que impide que los contribuyentes y ciudadanos podamos comprobar la honestidad y eficacia con la que los gobernantes, a todos los niveles del poder (federal, estatal, municipal), y en todas las instancias del mismo (ejecutivo, legislativo y judicial) gastan esa parte de nuestro ingreso que nos obligaron, bajo amenaza de castigo, a entregarles, opacidad que puede tener varias causas, que van desde las reglas del juego (por ejemplo: la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental), pasando por las organizaciones encargadas de hacerlas valer (por ejemplo: el Instituto Federal de Acceso a la Información), hasta las cantidades de dinero involucradas (millones de millones).

Sin duda alguna que las reglas del juego, y las organizaciones encargadas de hacerlas valer, juegan un papel importante en el intento de conseguir un gasto gubernamental honesto y eficaz, para lo cual resulta indispensable una fiscalización ajena al gobierno (al final de cuentas la Auditoría Superior de la Federación forma parte del gobierno), y ésta no puede ser más que las de los ciudadanos. Ahora bien, más allá de que las reglas del juego, y las organizaciones encargadas de hacerlas valer, hagan posible esa fiscalización ciudadana, dadas las cantidades de dinero involucradas, ¿qué tan posible es esa fiscalización?

Este año el gasto neto total de la Federación ascenderá a 4.5 millones de millones de pesos (ésta es la cifra completa: $4,467,225,800,000.00), cantidad que, para fines de fiscalización, plantea esta pregunta: ¿qué tan fácil resulta seguirle la pista a todos esos pesos para cerciorarse de que se gastan honesta y eficazmente? El problema, de entrada, ¿no es la cantidad involucrada?


[1] Para una consideración más amplia y profunda sobre el tema véase: http://www.asuntoscapitales.com/documentos/propiedad_privada.pdf
• Impuestos


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