Pesos y contrapesos
Ago 4, 2014
Arturo Damm

Populismo salarial (III)

El gobierno no debe meter la mano (porque termina metiendo la pata)

El salario no puede determinarse en función de las necesidades del trabajador, sino en función, en primer lugar, de su productividad, razón por la cual lo establecido en el artículo 123 constitucional, así como la pretensión del PAN, todo lo cual hace referencia a la obligación del patrón de pagar un salario suficiente para la satisfacción de las necesidades del trabajador y su familia, son un disparate que ocasiona injusticias.

Supongamos dos trabajadores, A y B, realizando el mismo trabajo, con la misma productividad, pero con necesidades distintas: A tiene familia que mantener (mujer y dos hijos) y B, soltero, no tiene tales obligaciones. Si, como lo apunta la Constitución, y como lo pretenden los panistas (¿todos?, ¿no hay sensatos que levanten la voz en favor del realismo económico y en contra de la corrección política?), a A se le paga más, dado que el salario se determina en función de las necesidades, ¿no se comete una injusticia con B? Ambos realizan el mismo trabajo, con la misma productividad, pero a A se le paga más que a B. ¿Es justo?

Y hablando de justicia. Una determinante del salario es la productividad del trabajador (ceteris paribus a mayor productividad mayor salario), pero, desafortunadamente, no es la única. Otra es la justicia del patrón a la hora de remunerar, porque una cosa es que el trabajador aumente su productividad y otra que aumente su salario. Entre lo uno y lo otro está la decisión del patrón de aumentar el salario, salario que, si hubo aumento en la productividad del trabajador, ¡lo cual no siempre es fácil de determinar!, debe aumentar por justicia. Además de la productividad del trabajador y de la justicia del patrón, otro determinante del salario es la relación entre la demanda por, y la oferta de, trabajo: si la oferta de trabajo (la intención de contratarse) es mayor que la demanda por trabajo (la intención de contratar) el salario disminuirá y, por el contrario, si la oferta de trabajo (la intención de contratarse) es menor que la demanda por trabajo (la intención de contratar) el salario aumentará, todo ello independientemente de la productividad del trabajador y de la justicia del patrón.

Dicho lo anterior puede argumentarse que la ley debería obligar al patrón a pagar el salario justo, el que corresponde a la productividad del trabajador, que estaría determinado, no por las necesidades del trabajador, sino por su productividad. De acuerdo, pero, uno, ¿se puede determinar correctamente la productividad? y, dos, ¿qué pasaría si la relación entre la demanda por, y la oferta de, trabajo, no avalara ese salario? Se generaría desempleo o sobre empleo. ¿Conclusión? El gobierno no debe meter la mano (porque termina metiendo la pata).



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Los ciudadanos tienen el deber de mantener al gobierno, pero el gobierno no tiene el deber de mantener a los ciudadanos.

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