Quedamos en que uno de los más valiosos activos que el gobierno de Vicente Fox le heredará a quien le suceda en el cargo es la impecable conducción de las políticas fiscal y monetaria, que ha permitido al país gozar de una envidiable estabilidad económica, lo que a su vez se ha traducido en mejoras tangibles –que cuentan y que suenan- para el bienestar y el patrimonio de los mexicanos.

Ese activo NO está asegurado contra viento y marea. Costó más de diez años construirlo –el mérito no sólo es del gobierno actual, sino también de los últimos gobiernos del PRI, de Miguel de la Madrid a Ernesto a Zedillo, pasando por el estigmatizado Carlos Salinas-, pero se puede destruir en menos de 15 días. Por eso me parecen totalmente justificadas y pertinentes las advertencias que se han hecho al calor del presente proceso electoral: La estabilidad NO está garantizada contra eventos catastróficos. A mi juicio (y esto no es guerra sucia, ni malévola consigna), el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del dos de julio SÍ sería un evento catastrófico para la estabilidad económica de México y, por tanto, para el bolsillo y el bienestar de la mayoría de los mexicanos, especialmente para aquellos que menos tienen (porque los pobres son los primeros que pagan la irresponsabilidad fiscal y monetaria). Se llega a esta conclusión por simple lógica y sentido común: López Obrador ha insistido hasta el fastidio que él no representa una diferencia de matiz respecto de sus adversarios, sino una diferencia radical; López Obrador no habla de sostener y mejorar el actual modelo económico, sino de sustituirlo por otro modelo que, hasta la saciedad, mostró su rotundo fracaso empobrecedor en la docena trágica de años que median entre el 1 de diciembre de 1970 (llega al poder Luis Echeverría) y el 30 de noviembre de 1982 (sale, por fin, del poder José López Portillo).

Felipe Calderón, en contraste radical con López Obrador, habla de mantener y mejorar el modelo económico, para que tengamos un mayor crecimiento con estabilidad y se generen –debido a la actividad de los particulares que somos todos los que no somos el gobierno- los empleos y las oportunidades que los mexicanos demandan. La pregunta es cómo podría hacerlo y si sabrá hacerlo. La pregunta, en fin, es si Calderón logrará ser –en caso de refrendar el dos de julio la posición de liderazgo que hoy ya tiene en la contienda electoral- un Fox mejorado o “recargado” (reloaded) que sepa seguir haciendo bien lo que ha hecho bien Fox, evitar hacer lo que ha hecho mal Fox y hacer bien lo que Fox no ha podido, no ha sabido o no ha querido hacer.

Fox ha sido tolerante y respetuoso hasta el escrúpulo de las libertades civiles. A nadie se le persigue por pensar de tal o cual manera o por tener tales o cuales preferencias sexuales o de comportamiento moral. Calderón debe ser, al menos, tan demócrata como Fox en este sentido.

En cambio, Fox ha fallado miserablemente en un punto esencial de la democracia liberal: El fortalecimiento del Estado de Derecho y el reconocimiento y la defensa –sin excusas, ni cortapisas- de los derechos de propiedad de todos los mexicanos y de todos los que habitan en el país. Calderón, en caso de ser Presidente, fracasará si no hace del respeto a la ley y a los derechos de propiedad la consigna más importante de su gobierno. De ese tamaño es el desafío. Y este es un ingrediente más importante –para el futuro de todos los mexicanos y de las siguientes generaciones- que si el Congreso coopera o no con el Presidente o que si le damos más o menos dinero a tal o cual programa social.

Calderón no debe caer en el juego perverso de la popularidad y de lo “políticamente correcto” que imponen los medios de comunicación. Fox en no pocas ocasiones ha sucumbido a las presiones de los medios y de la presunta “opinión pública” (en realidad “opinión que se publica”) lo que le ha llevado –junto con los malos consejos de pésimos asesores- a transigir con la violación al Estado de Derecho y a los derechos de propiedad, a cambio de una falsa “paz social” o de ganarse unas migajas de tolerancia por parte de los grandes intolerantes de este país.

Para ser un Fox mejorado –que de veras cumpla las expectativas de progreso y bienestar de los mexicanos- Calderón tiene en el Estado de Derecho y en el respeto irrestricto a los derechos de propiedad y al cumplimiento de los contratos, su primera asignatura. No se generarán los empleos que promete Calderón si esta condición de certeza jurídica no se hace realidad. No vendrán las grandes inversiones extranjeras (sí, extranjeras) que México necesita si Calderón se hace cómplice –así sea pasivo o por omisión- de los grandes negociantes mercantilistas del país. ¿Por qué? Porque justamente esos grandes negociantes de rentas –mal llamados empresarios- son los primeros que se oponen (en el fondo) al supremo principio de la igualdad de todos ante la ley y la verdadera igualdad de oportunidades para todos los actores del escenario económico.

En esta tarea, hacer de México un país ejemplar en el cumplimiento de la ley, un futuro Presidente Calderón enfrentará tremendos obstáculos. No puede vacilar ante ellos. Así como a varios de los grandes negociantes de rentas del país no les conviene que desaparezcan los privilegios (por definición, un privilegio es una disposición jurídica o de hecho que contradice la igualdad de todos ante la ley), tampoco les conviene a la mayoría de los líderes sindicales, a muchísimos políticos y a grupos diversos que han hecho de la marginalidad legal un magnífico negocio: llámense taxistas piratas, comerciantes ambulantes, invasores de tierras urbanas o rurales, vividores del presupuesto, beneficiarios de exenciones fiscales y de tratamientos especiales, calumniadores con disfraz de periodistas y muchos más.

Fox quiso terminar con esa cultura del privilegio y del arreglo al margen de la ley, pero no pudo y terminó siendo cómplice pasivo de ésas rémoras. El gran desafío de Felipe Calderón, cuando llegue a la Presidencia, será ése. De los candidatos es el único con la intención y la capacidad para hacerlo. ¿Lo logrará?