El Econoclasta
Oct 13, 2017
Isaac Katz

Certeza jurídica

Aquellas entidades que han atraído inversión en empresas ligadas al comercio internacional han crecido muy por arriba de la media nacional y los salarios pagados son significativamente mayores que el pagado en empresas no ligadas al comercio exterior.

En la columna que publicó el diario Reforma, "Ayer y hoy", Luis Rubio atinadamente apuntó que la razón central del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, su objetivo medular, era la generación de confianza entre los inversionistas a fin de crear fuentes de riqueza y empleo en México y que sin el Tratado, "México quedaría desnudo porque no hemos hecho nada en estas décadas para solidificar un régimen de legalidad equiparable al que crea el TLC".

Como escribí en mi artículo de la semana pasada "Así ni cómo", los eslabones más débiles del arreglo institucional mexicano son lo relativo a la definición en el marco legal de los derechos privados (particularmente en el artículo 27 constitucional), así como la protección judicial de estos derechos por parte del poder judicial y su rol en la garantía del cumplimiento de contratos. Como apunté, por como lo establece el artículo 104 constitucional, la mayor parte de los litigios de carácter mercantil (protección de derechos y cumplimiento de contratos) son atendidos en los juzgados y tribunales estatales, a pesar de que prácticamente toda la legislación en la materia es de carácter federal.

En el artículo mencioné las calificaciones otorgadas a México en el Índice Global de Competitividad y en el Índice de Libertad Económica. En lo que toca a este tema tan importante, en el Índice de Competitividad, en un universo de 137 países, México se sitúa en el lugar 93 en el renglón de la definición y protección de los derechos de propiedad, en el 113 en independencia judicial y en el 118 en solidez judicial para el cumplimiento de contratos. Por su parte en el Índice de Libertad, entre 159 países considerados, México se sitúa en el lugar 117 en el renglón de derechos de propiedad y Poder Judicial, con una calificación de 3.5 en independencia judicial, 5.1 en protección de los derechos de propiedad, 5.9 en garantía judicial del cumplimiento de contratos y 2.5 en integridad del poder judicial. ¡Reprobados!

Contar con certidumbre jurídica, como la que se deriva del TLC y de otros tratados internacionales de protección de la propiedad, es crucial para determinar los flujos de inversión. La evidencia es muy clara: aquellas entidades que han atraído inversión nacional y sobretodo extranjera en empresas ligadas al comercio internacional han crecido por varios años muy por arriba de la media nacional y los salarios pagados son significativamente mayores que el pagado en empresas no ligadas al comercio exterior.

La posición cada vez más intransigente que ha adoptado el gobierno estadounidense en la renegociación del TLC, aunado a lo visceral de Trump en la materia, no descarta que el desenlace sea que Estados Unidos abandone el Tratado. Peor aún, está latente la amenaza del propio Trump, con el nativismo y la idea mercantilista que lo caracteriza, de abandonar la Organización Mundial de Comercio.

A México le urge reformar a fondo el marco legal y todo el aparato judicial, particularmente el de los poderes judiciales estatales para otorgar certeza jurídica de las derechos de propiedad y la garantía del cumplimiento de los contratos y no solo como mecanismo para mantener y atraer los flujos de inversión extranjera, sino para incentivar una mayor inversión privada nacional. Y, a pesar de la urgencia, a nadie en el gobierno federal (Ejecutivo y Legislativo) y menos aún en los gobiernos estatales parece importarles.

Y reitero, sin certeza jurídica, ni cómo lograr mayores niveles de desarrollo económico.

*Artículo publicado originalmente en El Economista.



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