Independientemente de los aspectos políticos y de las acusaciones que se han hecho respecto del uso electoral de los programas y recursos operados por SEDESOL, está en el centro de atención la “Cruzada contra el Hambre”, sobre la cual existen muchísimas dudas que van desde los criterios para elegir los municipios que serían atendidos hasta las reglas de operación.

De acuerdo con CONEVAL, alrededor de 17 millones de mexicanos viven con un ingreso que los sitúa en una condición de pobreza alimentaria y de ellos alrededor de 7 millones padecen hambre, la mayor parte habitando en las zonas rurales y en comunidades muy pequeñas y dispersas, aunque también se presenta este fenómeno, pero con menor intensidad, en algunas ciudades.

Podría pensarse que atacar el problema de hambre aguda no representa mayores retos. Adquisición por parte del gobierno de alimentos junto con  donaciones por parte de empresas de este sector y hasta donativos por parte de individuos, podrían permitirle al gobierno acopiar la cantidad de los alimentos requeridos. El mayor reto sería entonces uno de distribución, pudiendo atacarse con transferencias no condicionadas de una canasta alimenticia a las familias identificadas como que padecen hambre aguda, programas de alimentación en las escuelas y comedores comunitarios.

El principal reto, sin embargo, es reducir la pobreza; ésta tiene que ser la verdadera cruzada. El problema de hambre es en realidad un problema de pobreza y es aquí en donde no se ha avanzado significativamente, particularmente en el universo de la población rural, misma que representa casi la cuarta parte de la población total del país. Una economía que prácticamente no ha crecido en términos del ingreso por habitante a lo largo de tres décadas y el aumento que han tenido el precio de los alimentos en los últimos años y que afecta relativamente más a la población urbana, ha repercutido en que la pobreza alimenticia no se haya abatido.

Obviamente para reducir la pobreza se requiere que la economía crezca sostenidamente a mayores tasas y de ahí, como señalé en el artículo de la semana pasada, la necesidad de incrementar la productividad en la economía. Mayor crecimiento inducido por la mayor productividad significaría mayor número de empleos y mayores salarios lo que permitiría reducir la pobreza, particularmente en las zonas urbanas.

El mayor problema sin embargo, como lo mencioné, se encuentra en las zonas rurales. Cada año el gobierno, a través de diferentes programas, transfiere miles de millones de pesos al sector agropecuario, sin que ello haya tenido un efecto significativo en la reducción de la pobreza rural, siendo esto explicado porque la mayor parte de estas transferencias se las apropian los grandes productores agropecuarios pero, más importante aún, por el ineficiente diseño institucional de la propiedad agraria.

Ejidos que operan ineficientemente pero más aún la atomización de la tierra en minifundios resultan en una muy baja productividad por hectárea y, consecuentemente, en una alta incidencia de pobreza. La política agraria y agrícola instrumentada por décadas ha buscado que la población se mantenga en su propiedad, pero lo que esto ha significado es la perpetuación de la pobreza rural. Es claro que si lo que se busca es abatir significativamente la pobreza y el hambre en las zonas rurales, es indispensable un cambio significativo en el esquema de propiedad agraria. Mantener al minifundio y a los ejidos como la parte medular de la propiedad agraria, significaría que la cruzada contra el hambre es solo un paliativo, no la solución de la pobreza.